afectan a Humberto Prado, su familia y quienes trabajan en el OVP, a saber: a) entre los días 27 y 29 de abril de 2018, un abogado y Humberto Prado, entrando en el estado Amazonas, fueron seguidos por agentes estatales (quienes habrían afirmado estar cuidándolos, por ser un estado peligroso); b) el 25 de abril de 2019 un abogado del OVP fue abordado por policías cuando el primero se dirigía en su vehículo a su casa, los funcionarios lo llamaron por su nombre sin que previamente vieran un documento de identidad; c) el 5 de junio de 2019 Diosdado Cabello señaló en su programa de televisión a Humberto Prado como “chulo” y “pran” (líder negativo en las cárceles); d) el 20 de agosto de 2019, en un medio digital (“Aporrea”), se indicó que Humberto Prado “tenía una posición políticamente errada [y que] recibi[ó] financiamiento de [a]gencias de inteligencia de Estados Unidos de América”; e) el 29 de agosto de 2019 un sitio de internet oficialista (“La iguana TV”) señaló que Humberto Prado es Director del OVP y que esa organización recibe fondos de Freedom House, una organización asociada al Departamento de Estado de Estados Unidos de América; f) el 26 de septiembre de 2019 funcionarios de fuerzas armadas estacionaron sus vehículos frente a la residencia de la familia Girón y sacaron fotografías y, desde entonces, hacen rondas en la zona de residencia de la familia “como forma de intimidación”; g) en diciembre de 2019 Carolina Girón fue seguida por integrantes de organismos de seguridad del Estado; h) el 9 de diciembre de 2019 la Ministra para Asuntos Penitenciarios dijo que el OVP es un “instrumento financiado por […] agencias del Departamento de Estado” de Estados Unidos de América, por lo cual se sabe “cuál es su orientación política”, y que Humberto Prado fue considerado “persona no grata” por más de 50.000 personas privadas de la libertad; i) el 5 de febrero de 2020 Diosdado Cabello, en su programa de televisión, haciendo referencia a la noticia de que se impedía a una delegación de la Comisión Interamericana llegar a Venezuela, mostró dos videos con declaraciones de Humberto Prado, y j) el 23 de marzo de 2020 el OVP fue “víctima de un ataque digital” a su cuenta de Twitter. Además, sin indicar fechas precisas, los representantes adujeron que en diversas oportunidades Humberto Prado habría sido sometido a revisiones injustificadas en el aeropuerto Simón Bolivar, las que, en su apreciación, resultaron una “forma de intimidación”. 12. Los representantes consideraron que “[l]a integridad física y psicológica de [Humberto Prado] y su familia se encuentran en riesgo, tal como se evidencia a partir de las constantes amenazas en contra de [él] dentro del contexto de estigmatización y hostigamiento que viven las personas defensoras de derechos humanos en Venezuela”. Adujeron que, siendo que la representación del OVP recae ahora sobre Carolina Girón, “la gravedad de la situación debe ser también analizada para ella” y es extensiva para el resto de los miembros de la familia. 13. En adición a lo referido, los representantes alegaron que el Estado no demostró que el riesgo al que está sometido Humberto Prado esté “desactivado”. Sobre el particular, sostuvieron que el Estado, a lo largo de años, ha omitido presentar información oportuna, y que no se ha realizado una investigación seria y efectiva respecto de actos de hostigamiento y amenazas contra el beneficiario nombrado. 14. El Estado recordó que las medidas provisionales proceden ante una situación “extrema” de riesgo y que los señalamientos de los representantes no evidencian ese tipo de situación. Adujo que los argumentos de los representantes, ya expuestos, así como los de la Comisión (infra Considerandos 20 y 21) son “ambiguos y genéricos”, meras “especulaciones” que aluden a una supuesta situación general, “sin evidenciar una relación directa o particular respecto a [la] labor vinculada a personas privadas de libertad”. Entendió que los representantes “no aporta[ron] un solo hecho significativo que demuestre o dé evidencias de la existencia de un riesgo real o inminente sobre la vida o integridad del núcleo familiar del señor Humberto Prado”. Venezuela recordó también que, en noviembre de 2019, una solicitud similar de los representantes fue rechazada por la Corte (supra Visto 2). Sostuvo que gran parte de los hechos citados habrían supuestamente ocurrido entre los años 2014 y principios de 2019, es decir, entre uno y seis años atrás. Además, el Estado “[l]lam[ó] la atención” en cuanto a que hechos que supuestamente ocurrieron en 2019, como el supuesto hostigamiento policial a la residencia de Humberto Prado el 26 de septiembre de ese año y supuestos 4