13 30. En razón de todo lo expuesto, el Tribunal considera que el Estado ha cumplido totalmente con su obligación de adoptar todas las medidas adecuadas y necesarias para la restitución de la identidad de Gregoria Herminia Recinos Contreras, incluyendo su nombre y apellido, así como demás datos personales en El Salvador. Asimismo, considera que, a pesar de los avances informados, aún se encuentra pendiente de cumplimiento el deber de activar y utilizar los mecanismos diplomáticos disponibles para coordinar la cooperación con la República de Guatemala para facilitar la corrección de la identidad de Gregoria Herminia Recinos Contreras, incluyendo el nombre y apellido y demás datos, en los registros de dicho Estado, así como garantizar las condiciones para el retorno de Gregoria Herminia Contreras en el momento en que decida retornar a El Salvador de manera permanente. d) Obligación de brindar, de forma inmediata, el tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico a las víctimas que así lo soliciten y, en su caso, pagar la suma establecida a Gregoria Herminia Contreras, de conformidad con lo establecido en la Sentencia (punto resolutivo quinto de la Sentencia) 31. El Estado señaló que, de conformidad con el deber que asumió desde la tramitación inicial de este proceso, en el mes de marzo de 2011 dio inicio a medidas de atención en salud física en beneficio de los integrantes de las familias Contreras, Mejía Ramírez y Rivera, previa coordinación con los representantes y con base en evaluaciones médicas generales que se realizaron a cada persona para determinar sus necesidades y requerimientos. Dicha atención se brinda a través de tres hospitales de la red pública ubicados en las regiones del país que corresponden a los lugares de residencia de las familias, donde se les provee consultas médicas, medicamentos, controles médicos periódicos, intervenciones quirúrgicas y atención odontológica. Asimismo, para los controles de rutina o atenciones que no requieren realizarse en hospitales, tienen acceso a unidades de salud cercanas a sus lugares de residencia. El Estado también continuaba con jornadas de sensibilización y formación al personal médico, enfermería, trabajo social, administrativo y jurídico de diferentes hospitales, en lo relativo a la condición de víctimas de violaciones a derechos humanos de los pacientes y las obligaciones estatales. Adicionalmente, el Estado buscaría promover “una metodología de supervisión del servicio de salud desde una perspectiva de responsabilidad compartida”16. 32. El Estado además señaló que recién el 5 de enero de 2012 los representantes informaron que las víctimas expresaron su disposición de ser atendidos por personal del Ministerio de Salud Pública, pero que fuesen capacitados por la Doctora María Sol Yáñez, quien fue perita ante la Corte durante el proceso, y sensible a la problemática de la niñez desaparecida. En el mes de febrero de 2012 se celebró una reunión “con todos los interesados” en la cual se validó una propuesta para generar capacidades en el personal de salud con miras a la instalación de un “Programa de Atención Psicosocial para las personas reencontradas y sus familiares, así como para las familias de quienes aún se encuentran desaparecidas”. En este sentido, identificado el recurso institucional en el Ministerio de 16 Al respecto, el Estado informó que en el mes de mayo de 2012, se celebró una reunión en la Unidad Comunitaria de Salud (UCS) Intermedia de Ciudad Arce, La Libertad, en la cual participó una de las abogadas de Asociación Pro-Búsqueda. En dicha reunión se abordaron algunos incidentes ocurridos durante las atenciones a Agustín Rivera Rivera y María Rivera Cartagena, y se llegaron a acuerdos sobre la socialización del caso al personal de salud, la identificación de los expedientes de los pacientes de una forma específica y la especial colaboración de la Asociación Pro-Búsqueda en la concientización de las víctimas respecto a su responsabilidad con el cuidado de su salud y el uso adecuado de los servicios institucionales. Asimismo, con dicha Asociación se realizó una reunión en la Unidad Comunitaria de Salud de San Carlos Lempa, en San Vicente, en la cual se revisaron los expedientes y se recibieron informes en relación con la atención médica brindada a María Maura Contreras, Rubén de Jesús López Contreras, Fermín Recinos, Julia Gregoria Recinos, Sara Margarita López Contreras y Santos Antonio López Contreras.