observaciones a dicha solicitud y en su “informe complementario” (infra Considerandos
9 a 16), así como las observaciones realizadas por la Comisión Interamericana (infra
Considerandos 17 y 18). Luego de ello, se pasará a examinar si se configuran los demás
requisitos convencionales y reglamentarios para la adopción de medidas provisionales
(supra Considerando 1 e infra Considerandos 19 a 42). Finalmente, en los Considerandos
43 a 45 se realizarán las valoraciones sobre dicha información que correspondan
efectuarse en el marco de la supervisión del cumplimiento de la Sentencia de este caso.
A) Solicitud presentada por los intervinientes comunes
4.
Los intervinientes comunes presentaron una solicitud de medidas provisionales
en favor de cuatro “víctimas”: Margot Lourdes Liendo Gil, Osman Roberto Morote
Barrionuevo, Arturo Chumpitaz Aguirre y Atilio Richard Cahuana Yuyali, así como de un
“familiar”, el señor Juan Alonso Aranda Company. Refirieron que los cinco propuestos
beneficiarios se encuentran privados de su libertad en tres establecimientos
penitenciarios del Perú “en grave situación de violación” de sus derechos “a la salud, a
la integridad física y moral, y a la vida”, a raíz de “la falta del Estado de responder de
manera adecuada a la pandemia de Covid-19”. Solicitaron a la Corte que ordene al
Estado las siguientes medidas de protección concretas:
i.

que se requiera al Estado peruano para que disponga las medidas necesarias para
garantizar el respeto a la vida, a la integridad física y moral, y a la salud de los
beneficiados con la presente solicitud, proveyéndoles de atención médica y
medicinas o permitiendo el ingreso de las que envían sus familiares, y

ii.

tomando en cuenta las medidas efectivas para la despenalización de las cárceles
a fin de disminuir el hacinamiento que el propio Estado ha reconocido para así
disminuir el riesgo del contagio con el Covid-19, […] que los beneficiarios puedan
cumplir la pena privativa de libertad en detención domiciliaria mientras subsista
la amenaza a su vida, su integridad y salud, sin discriminación.

5.
Los intervinientes comunes fundamentaron su solicitud de medidas provisionales
en un contexto y en hechos específicos. Respecto al “contexto”, señalaron, entre otros
aspectos, lo siguiente:
a) cuando el 11 de marzo de 2020 el Poder Ejecutivo declaró la emergencia sanitaria
nacional “no incluyó en sus alcances a los centros de detención [ni al] Instituto
Nacional Penitenciario-INPE”, lo cual colocó a estas personas en un estado grave
de vulnerabilidad con relación a su derecho a la salud;
b) el Decreto Supremo emitido el 23 de abril de 2020, en el cual “se establecen
supuestos especiales para la evaluación y propuesta de recomendación de
gracias presidenciales, en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19”,
es una medida insuficiente ante el nivel de sobrepoblación de personas privadas
de libertad, ya que preveía liberar apenas un 3% de la población penitenciaria,
según hizo notar la Defensoría del Pueblo del Perú. Además consideran que dicha
norma “m[uestra] la más absoluta discriminación” al excluir a los internos por
delito de terrorismo;
c) las restricciones dispuestas por el Instituto Nacional Penitenciario ante el COVID19 en cuanto a la visita de la población penitenciaria, “ha[n] tenido un impacto
en la alimentación, medicinas, útiles de aseo y otras necesidades de los internos
que eran cubiertas a través de los familiares”;
d) se refirieron al incremento de personas contagiadas con COVID-19 y fallecidas
en los establecimientos penales entre finales de abril y mediados de mayo de
2020 5, respecto a lo cual la Defensoría del Pueblo transmitió su preocupación y
5
Según declaraciones del Ministro de Justicia, al 28 de abril de 2020 se registraban 645 internos
contagiados y 30 fallecidos, así como 244 trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario contagiados y
7 fallecidos, mientras que al 14 de mayo de 2020, dichas cifras habían alcanzado 1099 internos infectados
y 103 fallecidos, así como 422 trabajadores penitenciarios infectados y 9 fallecidos.

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