violación del derecho a la libertad de pensamiento y expresión porque se configuró una
restricción indirecta al ejercicio del mismo, en perjuicio de Marcel Granier, Peter
Bottome, Jaime Nestares, Inés Bacalao, Eladio Lárez, Eduardo Sapene, Daniela Bergami,
Miguel Ángel Rodríguez, Soraya Castellano, María Arriaga y Larissa Patiño. Dicha
violación fue declarada en relación con el deber de no discriminación, en perjuicio de las
personas señaladas. Además, la Corte encontró violados los derechos a un debido
proceso, al plazo razonable y a ser oído, en perjuicio de las referidas personas y de Jean
Nestares, Fernando Nestares, Alicia Phelps de Tovar, Francisco J. Nestares, Edgardo
Mosca, Anani Hernández, José Simón Escalona, Odila Rubin, Oswaldo Quintana e Isabel
Valero. Las víctimas de este caso eran propietarios de las empresas que, a su vez, son
propietarias de las acciones de RCTV o personas que ejercían diferentes funciones al
interior de dicho canal. Además de indicar que la Sentencia emitida en el presente caso
constituye por sí misma una forma de reparación, la Corte ordenó al Estado
determinadas medidas de reparación (infra Considerando 1).
2.
El escrito de 8 de octubre de 2015 remitido por los representantes de las víctimas
(en adelante “los representantes”)4, mediante el cual se refirieron a “la decisión de la
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de […] 10 de
septiembre de 2015”, por medio de la cual se declaró “inejecutable” la Sentencia emitida
por la Corte Interamericana en el presente caso, así como presentaron observaciones
respecto del “desacato e incumplimiento del Estado”, y solicitaron a la Corte que aplique
el artículo 65 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el presente caso.
3.
La nota de la Secretaría de la Corte (en adelante “la Secretaría”) de 23 de octubre
de 2015, mediante la cual, siguiendo instrucciones de la Presidencia del Tribunal, se
otorgó a Venezuela y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante
“la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) un plazo de dos semanas para que, en
caso de estimarlo pertinente, presentaran observaciones al referido escrito de los
representantes (supra Visto 2).
4.
El escrito de observaciones presentado por la Comisión Interamericana el 4 de
noviembre de 2015.
5.
El escrito con fecha de 11 de septiembre de 2015, recibido el 14 de marzo de
2016 en la Secretaría, mediante el cual la Presidenta de la Sala Constitucional del
Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela se dirigió al entonces Presidente de la Corte
Interamericana “a fin de remitirle copia certificada de la [referida] decisión” dictada en
relación con la Sentencia del caso Granier y otros (Radio Caracas Televisión) (supra Visto
2).
6.
La nota de la Secretaría de 28 de marzo de 2016, mediante la cual se acusó
recibo del escrito presentado por la Presidenta de la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia de Venezuela (supra Visto 5), y se transmitió a las partes del
presente caso.
7.
La nota de la Secretaría de 22 de diciembre de 2017, mediante la cual, siguiendo
instrucciones de la Presidencia del Tribunal, se recordó al Estado que el “plazo de un año
oficialistas de descrédito profesional contra los periodistas”. Además, tuvo por probado que desde el año
2002 funcionarios del Estado venezolano, entre ellos el Presidente de la República, realizaron distintas
declaraciones respecto a que no serían renovadas las concesiones a algunos medios de comunicación social
en Venezuela, y que a partir de diciembre de 2006 anunciaron la decisión oficial de no renovar la concesión
a RCTV. Cfr. Caso Granier y otros, supra nota 1, párrs. 61, y 75 a 80.
4
Los señores Pedro Nikken y Carlos Ayala Corao.

2

Select target paragraph3