4.
En cuanto a las declaraciones ofrecidas por las partes que no han sido objetadas, esta
Presidencia considera conveniente recabar dicha prueba, a efecto de que la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (en adelante también “la Corte” o “el Tribunal”) aprecie
su valor en la debida oportunidad procesal, dentro del contexto del acervo probatorio
existente y según las reglas de la sana crítica. Por ello, quedan admitidas las declaraciones
de las presuntas víctimas Elvia de Jesús Abarullo de Mota, Félix Enríquez Mota, Osmely
Angelina Mota Abarullo, María Cristina Córdova de Molina, Hugo Arnaldo Molina, Maritza del
Valle Sánchez Ávila, Luis José Yáñez, Jesús Juvenal Herrera Sánchez, Belkis Josefina Correa
Ríos y Miryam Josefina Herrera Sánchez, así como también las declaraciones testimoniales de
Ovidio Peña Varela y Rossy Mariana Mendoza, y los peritajes de Juan Méndez, Magaly Vásquez
González y Marlon José Barreto Ríos. Sin perjuicio de la admisión de las declaraciones
referidas, corresponde expresar determinadas consideraciones sobre las declaraciones de las
presuntas víctimas en este caso. Además deben resolverse otros aspectos. Por ello, a
continuación, la Presidenta expondrá sus consideraciones sobre. (i) la necesidad de realizar
una audiencia pública en el presente caso; (ii) la admisibilidad del peritaje propuesto por la
Comisión Interamericana, (iii) la procedencia de las declaraciones de las presuntas víctimas
en este caso; (iv) la solicitud de los representantes para sustituir una persona ofrecida como
perito; (v) la procedencia de la solicitud de traslado del peritaje rendido por el señor Mario
Coriolano en el caso Pacheco Teruel y Otros Vs. Honduras, y (vi) los términos para el uso del
Fondo de Asistencia Legal de Víctimas
A) Sobre la necesidad de realizar una Audiencia Pública en el presente caso
5.
Esta Presidencia recuerda que el artículo 15 del Reglamento del Tribunal señala que
“la Corte celebrará audiencias cuando lo estime pertinente”. Así, los artículos 45 y 50.1 del
Reglamento facultan a la Corte o su Presidencia a convocar a audiencias cuando lo estimen
necesario. Lo anterior expresa una facultad de la Corte o su Presidencia, que ejercerán
motivadamente y de manera consecuente con las características del caso, los requerimientos
procesales que deriven de ellas y la debida preservación de los derechos de las partes7.
6.
La Presidenta nota que el Estado expresó que “reconoce su responsabilidad
internacional” en el caso. Asimismo, luego de evaluar el Informe de Fondo, el escrito de
solicitudes y argumentos, la contestación del Estado, y los demás documentos allegados en
el proceso, advierte que, prima facie, sin perjuicio de las determinaciones que oportunamente
realice la Corte, la controversia central del presente caso se circunscribe a las medidas de
reparación. Si bien los representantes manifestaron que sería conveniente el debate oral
sobre tales medidas, el mismo puede desarrollarse en forma suficiente por escrito. Asimismo,
la Presidenta observa que la prueba testimonial y pericial presentada por las partes y la
Comisión puede ser evacuada por affidávit.
7.
Por otra parte, la Presidenta advierte que la situación originada a causa de la pandemia
por la propagación del COVID-19, cuyos efectos son de público conocimiento y persisten en
la actualidad, conlleva obstáculos notorios para llevar a cabo una audiencia pública. Resulta
incierto el momento en que dichos obstáculos, que constituyen razones de fuerza mayor,
puedan ser subsanados.
8.
En virtud de todo lo anterior, la Presidenta ha decidido, en consulta con el Pleno de la
Corte, que no es necesario convocar a una audiencia pública en este caso, por razones de
economía procesal. Las declaraciones ofrecidas por la Comisión y las partes serán, entonces,
recibidas por escrito, de conformidad a lo que se indica en la parte resolutiva de la presente
Resolución.

Cfr. Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos de 5 de mayo de 2006, Considerando 11, y Caso Valle Ambrosio y otro Vs. Argentina. Resolución de la
Presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 6 de marzo de 2020, Considerando 10.
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