7.
La Presidenta de la Corte (en adelante “la Presidenta” o “esta Presidencia”)
considera procedente recabar las declaraciones ofrecidas por las partes que no han sido
objetadas. Por consiguiente, se admite el peritaje de la Dra. María José Guembe, según
el objeto y modalidad determinados en la parte resolutiva de la presente Resolución
(infra punto resolutivo 1).
8.
A continuación, la Presidenta examinará en forma particular a) la necesidad de
realizar una Audiencia Pública en el presente caso, b) la admisibilidad de la prueba
pericial ofrecida por la Comisión, c) la solicitud de la Comisión para formular preguntas
a la perita ofrecida por el Estado y d) la procedencia de recibir la declaración de la
presunta víctima como diligencia probatoria de oficio.
A. Sobre la necesidad de convocar a una audiencia pública en el presente
caso
9.
A estos efectos, la Presidenta de la Corte recuerda que el artículo 15 del
Reglamento del Tribunal señala que “la Corte celebrará audiencias cuando lo estime
pertinente”. Así, los artículos 45 y 50.1 del Reglamento facultan a la Corte o su
Presidencia a convocar a audiencias cuando lo estimen necesario. Lo anterior expresa
una facultad de la Corte o su Presidencia, que ejercerán motivadamente y de manera
consecuente con las características del caso, los requerimientos procesales que deriven
de ellas y la debida preservación de los derechos de las partes 2.
10.
Luego de evaluar el Informe de Fondo presentado por la Comisión, el escrito de
solicitudes y argumentos y la contestación del Estado en donde reconoce su
responsabilidad por la totalidad de los hechos, la Presidenta advierte que subsisten
únicamente controversias jurídicas. Asimismo, la Presidenta observa que las
declaraciones ofrecidas pueden ser evacuadas de forma escrita por medio de affidávit.
11.
Por otra parte, la Presidenta advierte que la situación originada a causa de la
pandemia por la propagación del COVID-19, cuyos efectos son de público conocimiento
y persisten en la actualidad, conlleva obstáculos notorios para llevar a cabo una
audiencia pública. Resulta incierto el momento en que dichos obstáculos, que
constituyen razones de fuerza mayor, puedan ser subsanados.
12.
En virtud de lo anterior, la Presidenta ha decidido, en consulta con el Pleno de la
Corte, que no es necesario convocar a una audiencia pública en este caso por razones
de economía procesal. Las declaraciones ofrecidas serán, entonces, recibidas por
escrito, de conformidad a lo que se indica en la parte resolutiva de la presente
Resolución.
B. La admisibilidad de la prueba pericial ofrecida por la Comisión
Interamericana
13.

La Comisión ofreció como prueba pericial el dictamen de Roberto P. Saba, indicó

Cfr. Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay. Resolución del Presidente de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos de 5 de mayo de 2006, Considerando 11, y Caso Martínez
Esquivia vs. Colombia. Resolución de la Presidenta de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos de 23 de julio de 2020, Considerando 10.
2

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