el objeto de su declaración 3 y adjuntó su hoja de vida. Al respecto, la Comisión consideró
que el peritaje ofrecido podrá aportar elementos de análisis sobre aspectos de orden
público interamericano, en los términos del artículo 35.1 f) del Reglamento 4,
refiriéndose a que el peritaje permitirá a la Corte “desarrollar su jurisprudencia respecto
a las obligaciones internacionales en materia del derecho a la igualdad ante la ley en la
obtención de reparaciones económicas por graves violaciones a los derechos humanos”
y “fijar parámetros claros a fin de que las autoridades judiciales de los Estados de la
región que resuelven reclamos de reparación por graves violaciones, decidan de manera
conforme con los derechos que la CIDH consideró violados en el informe de fondo”.
14.

El Estado no presentó ninguna observación a la designación de este perito.

15.
La Presidenta procederá a analizar la admisibilidad del peritaje con fundamento
en el artículo 35.1 f) del Reglamento, que supedita el eventual ofrecimiento de peritos
cuando se afecte de manera relevante el orden público interamericano de los derechos
humanos, lo cual corresponde a la Comisión sustentar 5.
16.
La Presidenta considera que la Comisión sustentó de forma suficiente las razones
por las que, en el presente caso, se afecta de manera relevante el orden público
interamericano de los derechos humanos, para los efectos de proponer prueba pericial.
En efecto, el peritaje podrá servir para establecer estándares sobre las obligaciones de
las autoridades judiciales cuando resuelven reclamos de reparación económica por
graves violaciones a los derechos humanos. En este sentido, el objeto del peritaje
trasciende los intereses específicos de las partes en el proceso y puede, eventualmente,
tener impacto sobre situaciones que se presentan en otros Estados Parte de la
Convención 6.
17.
En consecuencia, la Presidenta estima pertinente admitir el dictamen pericial
ofrecido por la Comisión, según el objeto y modalidad determinados en la parte
resolutiva de la presente decisión.
3
La Comisión indicó que el perito fue ofrecido para declarar sobre “los estándares relativos
a las obligaciones internacionales en materia del derecho a la igualdad ante la ley en la obtención
de reparaciones económicas por graves violaciones a los derechos humanos. Además, el perito se
referirá a los supuestos en los que estaría justificada una diferencia de trato en el acceso a tales
reparaciones, tomando en cuenta para ello el contexto en Argentina y los hechos del presente
caso. Se referirá también a los parámetros que deben tomarse en cuenta para evaluar si un recurso
administrativo y/o judicial resulta efectivo para resolver los debates planteados a la luz del
principio de igualdad ante la ley. En la medida de lo pertinente, el perito se referirá a otros sistemas
internacionales de protección de derechos humanos y al derecho comparado”.

El artículo 35.1.f del Reglamento establece lo siguiente: “1. El caso será sometido a la
Corte mediante la presentación del informe al que se refiere el artículo 50 de la Convención, que
contenga todos los hechos supuestamente violatorios, inclusive la identificación de las presuntas
víctimas. Para que el caso pueda ser examinado, la Corte deberá recibir la siguiente información:
[…] f. cuando se afecte de manera relevante el orden público interamericano de los derechos
humanos, la eventual designación de peritos, indicando el objeto de sus declaraciones y
acompañando su hoja de vida; […]”.

4

Cfr. Caso Pedro Miguel Vera y otros Vs. Ecuador. Convocatoria a audiencia. Resolución del
Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 23 de diciembre de 2010,
considerando 9, y Caso Martínez Esquivia vs. Colombia, supra, Considerando 16.
5

Cfr. Caso Pacheco Teruel y otros vs. Honduras. Convocatoria a audiencia. Resolución del
Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 27 de enero de 2012,
Considerando 9 y Caso Martínez Esquivia vs. Colombia, supra, Considerando 17.
6

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