presente caso y sus representantes, en la cual “el señor Presidente aceptó realizar el acto de desagravio y reconocimiento de responsabilidad solicitado por los representantes ante la […] Corte Interamericana”. Según el Estado, dicha propuesta fue aceptada y “la organización del histórico acto de desagravio fue cuidadosamente planificada por el Estado, en plena coordinación con las víctimas y sus representantes”. El referido acto se realizó el 16 de enero de 2012 con la presencia del Presidente de la República y diversas autoridades estatales524, y los costos de su realización fueron totalmente asumidos por el Estado, siendo que su difusión se realizó en tiempo real por cadena nacional de radio y televisión. Posteriormente, se realizó su difusión a través de algunos de los principales medios de prensa escrita, cuñas radiales y cortos televisivos. 356. En la audiencia pública y en su escrito de alegatos finales los representantes reconocieron la importancia que tuvo para las víctimas el “discurso por el cual el Presidente salvadoreño aceptó responsabilidad y pidió perdón por los hechos de la masacre”, en el marco del vigésimo aniversario de los Acuerdos de Paz, realizado en El Mozote el 16 de enero de 2012 “porque tuvieron participación en su planificación y porque se sintieron realmente reparados”. Manifestaron, adicionalmente, que para que el reconocimiento estatal y los diálogos planteados tengan un efecto reparador y sean coherentes es indispensable que se traduzcan en la adopción de medidas efectivas que recojan el sentir de las víctimas. De igual forma, los representantes recordaron que “[e]l 16 de enero de 2010, en el contexto de la conmemoración de la firma de los acuerdos de paz de El Salvador, el Presidente salvadoreño [había] anunci[ado] la creación de una comisión encargada de proponer medidas de reparación que beneficiarían a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado”, y que “[a] partir de este momento se ha[brían] llevado a cabo algunas reuniones con organizaciones de la sociedad civil y víctimas de violaciones a derechos humanos, con el supuesto fin de obtener insumos para la elaboración de esta propuesta”, no obstante, desconocerían el contenido de dicha propuesta. En consecuencia, consideraron necesario que la Corte llame la atención del Estado “en relación a la necesidad de darle cumplimiento al compromiso asumido por el [P]residente”, y que dichas medidas cumplan con los estándares establecidos por el Tribunal. 357. En el presente caso, la Corte constata que el acto de reconocimiento de responsabilidad realizado a nivel interno y en forma previa a la emisión de la presente Sentencia fue acordado con las víctimas o sus representantes y se ejecutó bajo las siguientes modalidades: a) en forma pública; b) en el mismo lugar en que ocurrieron los hechos; c) se reconoció la responsabilidad por la ejecución extrajudicial de las víctimas y por las otras violaciones cometidas en el presente caso; d) se realizó en presencia y con participación de un número considerable de sobrevivientes y familiares; e) fue conducido por la más alta autoridad del Estado, esto es, el Presidente de la República y con la participación de altos funcionarios del Estado, y f) contó con una amplia cobertura y difusión a nivel nacional. En esta línea, la Corte Interamericana considera que el acto realizado por El Salvador es apropiado y proporcional a la gravedad de las violaciones cuya reparación se 524 El acto presidencial contó, además, con la presencia del Vicepresidente de la República, de gran parte del gabinete de Gobierno, como la Secretaria de Inclusión Social y Primera Dama de la República; el Ministro de la Defensa Nacional y representantes del Alto Mando de la Fuerza Armada de El Salvador; los Ministros de Relaciones Exteriores, Economía, Salud, Gobernación, Justicia y Seguridad Pública, Trabajo y Previsión Social y la Viceministra de Medio Ambiente; funcionarios del Ministerio Público, como el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y el Fiscal General de la República; Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en su calidad de representantes del Órgano Judicial; el Presidente de la Asamblea Legislativa y diputados; el Director General de la Policía Nacional Civil; la Inspectora General de la Policía Nacional Civil; Cuerpo Diplomático acreditado en el país; así como una cantidad representativa de víctimas sobrevivientes y familiares de las víctimas asesinadas que sumaban varios centenares; igualmente estuvieron presentes representantes de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote, de Tutela Legal del Arzobispado y de las Comunidades Eclesiales de Base de Morazán. 135