202. Finalmente, tal como ha quedado demostrado290, efectivos militares procedieron a quemar las viviendas, destruir y quemar los cultivos de los pobladores, y a matar a los animales, razón por la cual la Corte concluye que el Estado violó el derecho a la propiedad privada reconocido en el artículo 21.1 y 21.2 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de los familiares de las víctimas ejecutadas de las masacres. 4) Conclusión 203. A raíz de todo lo expuesto y sobre la base de la naturaleza propia de las masacres de las cuales se deriva una violación compleja de derechos reconocidos en la Convención Americana (supra párr. 141), la Corte concluye que el Estado de El Salvador es responsable por la violación de los artículos 4, 5.1, 5.2, 21.1 y 21.2 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, y adicionalmente en relación con el artículo 19 respecto de los niños y niñas, en perjuicio de las víctimas ejecutadas, listadas en el Anexo “A”. Además, el Estado es responsable por la violación del artículo 7 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de las víctimas ejecutadas en el caserío El Mozote. 204. A su vez, el Estado es responsable por la violación de los artículos 5.2 y 11.2 de la Convención Americana, en conexión con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de las mujeres que fueron víctimas de violaciones sexuales en el caserío El Mozote. 205. Además, el Estado es responsable por la violación de los artículos 5.1, 5.2, 11.2, 21.1 y 21.2 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, y adicionalmente en relación con el artículo 19 respecto de los niños y niñas, en perjuicio de las víctimas sobrevivientes de las masacres, listadas en el Anexo “B”. 206. Igualmente, el Estado es responsable por la violación de los artículos 5.1, 5.2, 21.1 y 21.2 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los familiares de las víctimas ejecutadas, listadas en el Anexo “C”. 207. Por último, el Estado es responsable por la violación del artículo 22.1 de la Convención, en conexión con el artículo 1.1 del mismo instrumento, y adicionalmente en relación con el artículo 19 respecto de los niños y niñas, en perjuicio de las personas que fueron forzadas a desplazarse dentro de El Salvador y hacia la República de Honduras, listadas en el Anexo “D”. Sobre las víctimas de esta violación, la Comisión indicó que respecto de las personas que tuvieron que desplazarse de su lugar de residencia para salir del país y buscar refugio en la República de Honduras “se tiene la convicción de que el verdadero número de víctimas supera ampliamente a las pocas personas individualizadas mediante la prueba que obra en el expediente”. Los representantes señalaron, que en un contexto de violencia extrema, en el que el desplazamiento forzado era una constante, sumado a las dimensiones de las masacres y a la ausencia de registros oficiales sobre el origen y destino de las personas, resultaba muy difícil la documentación de las 290 La señora Sofía Romero Pereira manifestó que en los caseríos El Mozote y Los Toriles, además de perder a sus seres queridos, “se perdieron todos los granos básicos que tenían en los graneros, las gallinas, los cerdos, las vacas, los caballos”, además “los cultivos [y] todos los objetos domésticos y la misma casa fue[ron] completamente quemados, es decir[,] s[ó]lo qued[ó] la tierra”. Declaración rendida ante fedatario público (affidávit) por Sofía Romero Pereira el 2 de abril de 2012 (expediente de prueba, tomo XVII, affidávits, folio 10281). El señor José Pablo Díaz Portillo refirió que, como dos meses después de ocurrida la masacre, en el Cantón de Cerro Pando encontró las casas de habitación de sus familiares quemadas. Cfr. Declaración rendida ante fedatario público (affidávit) por José Pablo Díaz Portillo el 1 de abril de 2012 (expediente de prueba, tomo XVII, affidávits, folio 10298). 78