- 10 – orientados a dar cumplimiento a este punto de la Sentencia. Finalmente, la Corte estima conveniente recordar que la obligaciones convencionales de los Estados Partes vinculan a todos los poderes y órganos del Estado y destaca que esta adecuación normativa a estándares internacionales tiene especial relevancia para el derecho interno del Estado y para el sistema regional de derechos humanos. * * * 27. Que en relación con i) el deber de adecuar el ordenamiento jurídico interno a los estándares internacionales sobre jurisdicción penal militar y el establecimiento, a través de la legislación, de límites a la competencia material y personal de los tribunales militares, y ii) el deber de garantizar el debido proceso en la jurisdicción penal militar y la protección judicial respecto de las actuaciones de las autoridades militares, el Estado informó que: a) el 9 de enero de 2006 se realizó una reunión con la presencia de los Ministros de Relaciones Exteriores, de Defensa y de Justicia, en la que se acordó “la creación de un equipo de trabajo interministerial encargado de organizar los trabajos de reforma” y que el 26 de enero del 2006 “se constituyó una Comisión Especial encargada de analizar y formular una reforma a la justicia penal militar”. Esta Comisión Especial quedó constituida por representantes de los Ministerios del Interior, de Relaciones Exteriores, de Justicia y de las Fuerzas Armadas y de Orden. De acuerdo a lo resuelto en su sesión constitutiva, dicha Comisión “revisará los aspectos referidos al debido proceso, independencia, imparcialidad y juzgamientos de civiles en la justicia militar. Además, se abordará el procedimiento y la estructura orgánica de los tribunales que componen la Justicia Militar”. El Estado informó que en su segunda sesión, el 6 de abril de 2006, “se acordó invitar a expertos y a algunos miembros de la Corte Suprema que preferentemente se [hubieran] desempeñado en la Corte Marcial. Del mismo modo, se concluyó sobre la necesidad de disponer de un estudio técnico de propuesta de análisis y reforma de la competencia y procedimiento de la Justicia Militar”. El Estado indicó que en el presente año “la Comisión [Especial] ha resuelto contratar los servicios de expertos que evacuen informes sobre las diferentes materias que serán objeto de las reformas” y que para el segundo semestre del año 2007, el Estado esperaba contar “con una propuesta de dicha Comisión que permita elaborar un proyecto de ley que incluya las materias que se han indicado más arriba […]”. b) el 3 de julio de 2007 ingresó a tramitación ante el Congreso Nacional, el proyecto de ley remitido por la Presidenta de la República por el cual se propuso la reforma al Código de Justicia Militar, “[…] limitando la competencia de los Tribunales Militares y suprimiendo la pena de muerte”, y se adjuntó una