en un espacio visible a las personas que transitan por la BR 277, a las miles de
personas que, como Antônio Tavares Pereira, estuvieron, a lo largo de la historia de
Paraná, involucradas en conflictos de tierra;
f)

El Monumento está ubicado en una propiedad privada, perteneciente a la empresa
Postepar – Indústria de Artefatos de Concreto do Paraná LTDA (en adelante
“POSTEPAR”), la cual cedió, mediante un contrato de comodato, el área para la
instalación del Monumento, el 22 de febrero de 2001, a la Central Única dos
Trabalhadores, Comissão Pastoral da Terra de Paraná, Sindicato dos Engenheiros en
el estado de Paraná y el Centro de Formação Urbano Rural Irmã Araújo;

g) La empresa POSTEPAR solicitó a las citadas organizaciones la rescisión del contrato de

comodato, notificándoles que “después de la fecha del 21/02/2021 se rescindirá el
contrato, de modo que se otorga un plazo de cinco días para el desalojo voluntario del
inmueble y remoción del Memorial [Monumento], consciente de que cualquier
permanencia dará lugar a la inmediata interposición de la acción judicial
correspondiente, sin perjuicio de la inmediata remoción del Memorial […]”;
h) El riesgo de daños al Monumento Antônio Tavares Pereira es inminente, ya que la

empresa propietaria del terreno donde se instaló la obra ha manifestado su intención
de removerlo;
i)

De conformidad con la Constitución Federal de Brasil y las leyes municipales n.
3009/2020 y 3.280/2020, se solicitó ante la Municipalidad de Campo Largo que el
Monumento fuera objeto de una protección especial denominada “tombamento” 2 en
la legislación interna. En el marco del proceso administrativo iniciado (No. 4177/2021),
el Departamento de Cultura solicitó un análisis por parte de la Procuraduría General
de la Municipalidad y la notificación a POSTEPAR, la cual manifestó que no tiene interés
en continuar con el contrato de comodato, toda vez que iniciará obras para ampliar su
sede administrativa, necesitando así el área en que está ubicado el Monumento. Afirmó
que el mismo puede ser transportado a cualquier otro lugar sin perder su identidad y
que, en todo caso, "es solo un trozo de concreto en medio de un matorral". La
Procuraduría General remitió el proceso a la Secretaría Municipal de Educación,
Deportes y Cultura para la continuación del proceso administrativo, sin, no obstante,
determinar que POSTEPAR se abstenga de realizar cualquier acto que pueda resultar
en daño o remoción del Monumento.

j)

Asimismo, el 14 de junio de 2016, el Centro de Apoyo Operacional de las Fiscalías de
Vivienda, Urbanismo y Medio Ambiente del Ministerio Público del estado de Paraná
solicitó medidas cautelares y de salvaguardia del Monumento Antônio Tavares Pereira,
así como el inicio de un procedimiento administrativo para analizar su protección
especial (“tombamento”) y en una ubicación provisional 3.

8.
Argumentaron que el Monumento per se es una importante medida de reparación
simbólica por las supuestas violaciones a los derechos humanos ocurridas el 2 de mayo de
2000, así como por tantos otros hechos presuntamente violatorios relacionados con conflictos
agrarios en el estado de Paraná. Afirmaron que el Monumento representa la memoria de los
referidos hechos. Resaltaron que, en el transcurso del presente caso, el Monumento comenzó
a correr riesgo de destrucción, por lo cual requirieron que se mantenga en el lugar donde está
instalado y con la debida protección legal. Agregaron que el traslado del Monumento no solo
“Tombamento” es un “acto administrativo realizado por el gobierno (SEEC/CPC) con el objetivo de preservar,
mediante la aplicación de la ley, bienes de valor histórico, cultural, arquitectónico y ambiental para la población,
evitando
que
sean
destruidos
o
desfigurados”.
Disponible
en
http://www.patrimoniocultural.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=4
2

3

Los representantes señalaron no tener acceso al estado actual de la referida solicitud.

-3-

Select target paragraph3