2
observaciones a la información remitida por el Estado (supra Visto 3). Los representantes no
presentaron observaciones al tercer informe del Estado.
5.
Las comunicaciones de 30 de septiembre de 2011 y 26 de marzo de 2012, a través
de las cuales la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión”
o “la Comisión Interamericana”) presentó sus observaciones a los dos primeros informes
presentados por el Estado (supra Visto 3).
6.
Los escritos de amicus curiae presentados el 25 de agosto de 2010, 30 de marzo de
2012 y 5 de noviembre de 2012 por la Diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero,
Presidenta de la “Comisión Especial para Conocer y Dar Seguimiento Puntual y Exhaustivo a
las Acciones que han emprendido las Autoridades Competentes en relación a los
Feminicidios registrados en México (CEF)” de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados.
7.
El escrito de amicus curiae presentado el 4 de marzo de 2013 por Julia Monárrez,
quien hace parte de un grupo de activistas y académicas/os interesados en divulgar las
demandas de justicia que hacen junto con familiares de niñas y mujeres desaparecidas y
víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez.
8.
El escrito recibido el 18 de mayo de 2013, mediante el cual la Comisión presentó
extemporáneamente sus observaciones al tercer informe del Estado.
CONSIDERANDO QUE:
1.
Es una facultad inherente a las funciones jurisdiccionales de la Corte el supervisar el
cumplimiento de sus decisiones.
2.
México es Estado Parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en
adelante “la Convención Americana”) desde el 24 de marzo de 1981 y reconoció la
competencia obligatoria de la Corte el 16 de diciembre de 1998.
3.
El artículo 68.1 de la Convención Americana estipula que “[l]os Estados Partes en la
Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean
partes”. Para ello, los Estados deben asegurar la implementación a nivel interno de lo
dispuesto por el Tribunal en sus decisiones 2.
4.
En virtud del carácter definitivo e inapelable de las sentencias de la Corte, según lo
establecido en el artículo 67 de la Convención, éstas deben ser prontamente cumplidas por
el Estado en forma íntegra.
5.
La obligación de cumplir lo dispuesto en las sentencias del Tribunal corresponde a un
principio básico del derecho sobre la responsabilidad internacional del Estado, respaldado
por la jurisprudencia internacional, según el cual los Estados deben acatar sus obligaciones
convencionales internacionales de buena fe (pacta sunt servanda) y, como ya ha señalado
esta Corte y lo dispone el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados de 1969, aquellos no pueden, por razones de orden interno, dejar de asumir la
responsabilidad internacional ya establecida 3. Las obligaciones convencionales de los
2
Cfr. Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Competencia. Sentencia de 28 de noviembre de 2003. Serie
C No. 104, párr. 131, y Caso de La Masacre de Ituango Vs. Colombia. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia.
Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 21 de mayo de 2013, considerando 3.
3
Cfr. Responsabilidad Internacional por Expedición y Aplicación de Leyes Violatorias de la Convención (arts.
1 y 2 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-14/94 del 9 de diciembre de 1994.

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