contrarias a la Constitución y las leyes. Señalaron que el 20 de marzo de 2000 se celebró la Audiencia de Calificación de Fianza en la cual se impuso a la señora Andrade una fianza económica de 300.000 bolivianos, que posteriormente fue sustituida en otra audiencia celebrada días después, por las medidas de arraigo y fianza económica de 150,000 bolivianos. Informaron que la señora Andrade prestó declaración indagatoria el 26 de abril de 2000, y que entre el 25 de enero de 2000 y junio del 2002, solamente se había realizado una audiencia, por lo que el caso seguía en etapa de investigación. 46. Manifiestan que a pesar de que el 6 de septiembre de 2002, el Juez de la causa aceptó proceder con la conciliación de las partes (Comuna paceña y la parte civil), a septiembre de 2004 todavía no se habría realizado la audiencia de conciliación, con lo cual se acabaría el proceso. 47. En septiembre de 2006, los peticionarios informaron que este proceso se encontraba en el Juzgado de Instrucción en lo Penal (liquidador) en “etapa de remisión en apelación”. Indicaron que se rechazó la solicitud de extinción de este caso. 48. A mediados de 2009, los peticionarios indicaron que la señora Andrade había sido sobreseída y que las medidas cautelares habían sido levantadas. En febrero de 2012, indicaron que el caso se encontraba cerrado. 5. Caso Mallasa 49. Los peticionarios señalan que este caso se refiere a la supuesta venta ilegal por parte de un antiguo Alcalde de La Paz y otros funcionarios, de terrenos pertenecientes al Parque Nacional de Mallasa. Indicaron que el 26 de enero de 2001, el Alcalde Municipal de la Ciudad de La Paz interpuso querella contra la señora Andrade por omisión de denuncia e incumplimiento de deberes. Informaron que como medidas sustitutivas a la detención, el juez de la causa estableció la presentación de un garante, un régimen de presentación semanal y el arraigo. Los peticionarios indican que si bien los cargos iniciales en contra de la señora Andrade se presentaron el 29 de enero de 2001, hasta el mes de junio de 2002 no se había celebrado ninguna audiencia. 50. Según la narración de los peticionarios, el 8 de septiembre de 2003 el Juez Quinto de Instrucción en lo Penal Liquidador dictó el auto final de instrucción y decretó el sobreseimiento provisional a favor de la señora Andrade, por no existir indicios de culpabilidad de los delitos denunciados. Resaltaron que este auto fue apelado por el querellante, Gobierno Municipal de La Paz. Agregaron que el 16 de septiembre de 2004 solicitaron la extinción de la acción penal, la cual fue rechazada el 19 de abril de 2005 por el Juzgado de conocimiento, por considerar que la dilación del proceso era atribuible a la conducta de los procesados. Los peticionarios indicaron que el incumplimiento de los plazos fijados por la ley en este caso es atribuible al sistema judicial, el cual suspendió 36 audiencias, sin que su suspensión fuera responsabilidad de la señora Andrade. 51. A mediados de 2009, los peticionarios señalaron que la señora Andrade había sido sobreseída de las acusaciones y que la Alcaldía de La Paz había apelado esta sentencia. Indicaron las medidas cautelares habían sido levantadas. En febrero de 2012, los peticionarios indicaron que el proceso no se había reabierto y por tanto se encontraba cerrado, sin posibilidad de que pudiera reabrirse. 6. Caso Esin 52. Los peticionarios indican que este caso se refiere a un contrato firmado por la Ex-Alcaldesa Gaby Candia y que fue extendido por el Ex-Alcalde German Monroy. Señalan que debido a un litigio pendiente con la Empresa de Servicios Integrales en el Área de Aseo Urbano, el Concejo Municipal ordenó al entonces Alcalde Monroy terminar el contrato con la empresa ESIN. Señalan que la supuesta extensión del contrato fue hecha en contra de las normas legales vigentes. Resaltaron que la señora Andrade no estuvo involucrada en el contrato ni en su extensión, ya que ella asumió la alcaldía con posterioridad al Alcalde Monroy. 9