artículos 33523 (estafa) y artículo 13224 (asociación delictuosa) del Código Penal y contra otras dos personas.25 103. El 2 de agosto de 2000, el Juzgado Tercero de Instrucción en lo Penal de la Capital tomó la declaración indagatoria a la señora Andrade26, y el 3 de agosto de 2000 dictó detención preventiva en su contra con base en el sumario penal instruido por los delitos de estafa y asociación delictuosa (artículos 335 y 132 del CP), en aplicación del artículo 23327 del Nuevo Código de Procedimiento Penal, “sin entrar a mayores consideraciones de orden legal”28 y, se ordenó el mismo 3 de agosto de 2000 su internamiento en el Centro de Orientación Femenina29. 104. El 2 de agosto de 2000, la defensa de la señora Andrade presentó un recurso de hábeas corpus en contra de Alberto Costa Obregón, Juez Tercero de Instrucción en lo Penal de La Paz, con base en la falta de sorteo de la causa e inexistencia de los elementos señalados en los artículos 233 y 23430 del Código 23 Artículo 335 del Código Penal: ESTAFA: “El que con la intención de obtener para sí o un tercero un beneficio económico indebido mediante engaños o artificios que provoque o fortalezca error en otro que motive la realización de un acto de disposición patrimonial en perjuicio del sujeto en error o de un tercero, será sancionado con reclusión de uno a cinco años y con multa de sesenta a doscientos días”. 24 Artículo 132 del Código Penal: “ASOCIACION DELICTUOSA.- El que formare parte de una asociación de cuatro o más personas, destinada a cometer delitos, será sancionado con reclusión de seis meses a dos años o prestación de trabajo de un mes a un año. Igual pena se aplicará a los que formaren parte de bandas juveniles con objeto de provocar desórdenes, ultrajes, injurias o cualquier otro delito”. 25 Anexo 114. Ampliación del auto inicial de la instrucción del Juzgado Tercero de Instrucción en lo Penal de 21 de junio de 2000. Anexos traídos desde Bolivia por los peticionarios, febrero 2004. 26 Anexo 116. Acta de Audiencia de Declaración Indagatoria de María Lupe Nina del Rosario Andrade Salmón de 2 de agosto de 2000 ante el Juzgado Tercero de Instrucción en lo Penal. Anexos traídos desde Bolivia por los peticionarios, febrero 2004; Anexo 22. Recurso de Hábeas Corpus interpuesto por Maria Nina Lupe del Rosario Andrade de Salmón ante el Presidente y Vocales de la R. Corte Superior de Distrito de fecha 1 de agosto de 2000. Anexo al escrito de los peticionarios de 30 de marzo de 2001. 27 Artículo 233 del Código Procesal Penal: (Requisitos para la detención preventiva). Realizada la imputación formal, el juez podrá ordenar la detención preventiva del imputado, a pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiera constituido en querellante, cuando concurran los siguientes requisitos: 1. La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible. 2. La existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad. 28 Anexo 3. Auto de detención preventiva de 3 de agosto de 2000. Resolución No. 238/2000. Anexo al escrito del Estado de 14 de junio de 2004. 29 Anexo 4. Mandamiento de Detención Preventiva de 3 de agosto de 2000, firmado por Alberto Costa Obregón, Juez 3ro de Instrucción en lo Penal de La Paz. Anexo al escrito del Estado de 14 de junio de 2004. 30 Artículo 234º.- (Peligro de Fuga). Por peligro de fuga se entiende a toda circunstancia que permita sostener fundadamente que el imputado no se someterá al proceso buscando evadir la acción de la justicia. Para decidir acerca de su concurrencia, se realizará una evaluación integral de las circunstancias existentes, teniendo especialmente en cuenta las siguientes: 1. Que el imputado no tenga domicilio o residencia habitual, ni familia, negocios o trabajo asentados en el país; 2. Las facilidades para abandonar el país o permanecer oculto; 3. La evidencia de que el imputado esta realizando actos preparatorios de fuga; 4. El comportamiento del imputado durante el proceso o en otro anterior, en la medida que indique su voluntad de no someterse al mismo; 5. La actitud que el imputado adopta voluntariamente respecto a la importancia del daño resarcible; 6. El haber sido imputado por la comisión de otro hecho delictivo doloso o haber recibido condena privativa de libertad en primera instancia; 7. Habérsele aplicado alguna salida alternativa por delito doloso; 8. La existencia de actividad delictiva reiterada o anterior; 9. El pertenecer a asociaciones delictivas u organizaciones criminales; [continúa…] 20