habrían “cesa[do] de ser beneficiarios de una asignación especial” prevista en las normas aplicables al sector público. Además, dicha asignación especial era “no imponible para efectos previsionales”. Por lo tanto, los presuntos acuerdos de algunas municipalidades de continuar garantizando el régimen aplicable al sector público serían viciadas de nulidad, inconstitucionales y contravendrían el derecho público chileno. 12. Asimismo, “las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público” que no “pueden considerarse servicios públicos que se encuentren sometidos a la dependencia o supervigilancia del Presidente de la República”8. En consecuencia, las y los profesores “libremente celebraron contratos de trabajo con los municipios sometidos al derecho laboral común” y el presente caso debería considerarse un intento prohibido de “provocar [la] intervención [de la CIDH] en una materia de orden laboral común, en que trabajadores reclaman diferencias de sueldos no pagadas por su empleador”, pues de permitirse, “implicaría que la Comisión estaría facultada para avocarse al conocimiento de toda diferencia de criterios y deudas sobre remuneraciones [en contratos laborales entre partes privadas], lo que constituiría al Estado en una suerte de garante de obligaciones generadas libre y voluntariamente entre contratantes, y respecto de las cuales no tuvo participación alguna […]”. En este sentido, se entiende que el Estado negaría la responsabilidad internacional por violaciones al derecho a la propiedad privada. 13. Por otro lado, en la etapa de admisibilidad, alegó que no se violó el derecho a la propiedad respecto de los profesores de la Municipalidad de Chañaral porque el tribunal de segunda instancia declaró “que corresponde a los demandantes percibir las asignaciones reclamadas […] debiendo ponderarse además, que dicho cambio en la relación jurídica entre los exfuncionarios y la autoridad de la cual dependían no fue efectuado con su consentimiento, sino que fue impuesto por un acto de autoridad…”, por lo que el Estado adujo que en cuanto se declaró judicialmente el derecho de las y los profesores a la remuneración reclamada, se ha protegido adecuadamente dicho derecho. 14. En la etapa de fondo, agrega que los municipios “no solicitaron la representación y defensa de sus intereses por el Consejo de Defensa del Estado”, el cual, en los otros juicios en que sí intervino, “obtuvo sentencias favorables a los intereses de los municipios”. En este sentido, “al no existir norma legal alguna que autorice el pago de las sumas de dinero a las que por su propia negligencia fueron condenados los municipios, no pudo el Estado-Fisco de Chile efectuar desembolso alguno, toda vez que, como se señaló el Fisco no fue parte en los juicios de que se trata, de lo que se infiere que las sentencias allí dictadas le son inoponibles en el ámbito de derecho interno”9. Por otro lado, “en lo que al ámbito administrativo nacional concierne, [los docentes] no han demostrado en el juicio haber realizado las acciones necesarias tendientes a que los municipios obtuviesen del Fisco los recursos económicos necesarios para cumplir a cabalidad la sentencia dictada”10. 15. Alega que el Estado chileno garantiza recursos efectivos y el debido proceso, pues “cuenta con medios y mecanismos para hacer cumplir y ejecutar las resoluciones judiciales que se dicten”, pero estos “deben ser utilizados en tiempo y forma por los demandantes, y evitar procesos inactivos o abandonados por años”, lo cual habría ocurrido en algunas de las causas. Asimismo, afirma que el Poder Judicial goza de plena autonomía e independencia y que “la demora en poner término a la etapa de cumplimiento [de estos casos] no es imputable al Estado” en cuanto esto depende de la actividad procesal de las partes. 16. Sobre los dos procesos en los que se ha pagado parcialmente la deuda adjudicada, “Benavides y otros contra Municipalidad de Chañaral” y “Ramírez y otros contra Municipalidad de Vallenar”, en las cuales se acordó el pago de $350.000.000 y $1.000.000.000 pesos chilenos, respectivamente, señala que los convenios de pago fueron acordados a cambio de una renuncia por parte de las y los profesores de su derecho de interponer demandas o embargos adicionales sobre los bienes de las Municipalidades para recuperar la deuda restante. En ambos, “con respecto al saldo adeudado […] se reservaron el derecho a demandar al Fisco de Chile o cualquier otro organismo o entidad pública, de acuerdo con [la ley interna]”. Dicha cláusula, expresamente Precisó que el artículo 122 de la Carta Fundamental prescribe que las municipalidades “gozarán de autonomía para la administración de sus finanzas y que la Ley de Presupuestos de la Nación podrá asignarles recursos para atender sus gastos, sin perjuicio de los ingresos que directamente se les confieran por la ley o se les otorguen por los Gobiernos Regionales”. 9 Escrito de fondo del Estado, pág. 14. 10 Escrito de fondo del Estado, pág. 15. Agregó que de acuerdo con el artículo 8 del Decreto con Fuerza de Ley No. 1-3.063, “sobre Fondo Común Municipal, las municipalidades pueden pedir al Estado el traspaso de recursos extraordinarios para gastos generales de operación y funcionamiento de los servicios que han sido traspasados, lo que se materializa, cuando corresponde, mediante la correspondiente asignación presupuestaria”. 8 3

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