incumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 1, 6 y 8 de la Convención
Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y 7.b de la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (“Convención de Belém do
Pará”), en perjuicio de víctimas sobrevivientes de las masacres, así como de familiares de las
víctimas ejecutadas. El Salvador efectuó una aceptación total de los hechos que configuraron
las violaciones antes indicadas. En la Sentencia, el Tribunal dispuso, entre otras medidas de
reparación, que el Estado debía cumplir con su obligación de investigar, identificar y, en su
caso sancionar a los responsables de todos los hechos que originaron las violaciones, así como
recuperar, identificar y entregar a los familiares los restos de las víctimas ejecutadas (infra
Considerando 1).
2.
Las Resoluciones de supervisión de cumplimiento de sentencia emitidas por la Corte
Interamericana el 3 de mayo de 2016, el 31 de agosto de 2017, el 30 de mayo y 28 de
noviembre de 2018, 3 de septiembre de 2019 y 19 de noviembre de 2020 3.
3.
Los informes presentados por el Estado entre mayo de 2016 y febrero de 2021, en
respuesta a solicitudes efectuadas por la Corte o su Presidencia mediante notas de la
Secretaría del Tribunal.
4.
Los escritos de observaciones presentados por los representantes de las víctimas4 (en
adelante también “los representantes”) entre noviembre de 2015 y diciembre de 2019.
5.
El escrito de observaciones presentado por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) el 11 de octubre de
2016.
6.
El escrito presentado por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos
de El Salvador5 el 30 de agosto de 2018, recibido como “otra fuente de información” en
aplicación del artículo 69.2 del Reglamento de la Corte6, y los correspondientes escritos de
observaciones presentados por las partes y la Comisión.
7.
La audiencia pública de supervisión de cumplimiento de Sentencia7, celebrada el 4 de
marzo de 2021 durante el 140° Periodo Ordinario de Sesiones, la cual se llevó a cabo de
manera no presencial utilizando los medios tecnológicos 8.

Disponibles en: https://www.corteidh.or.cr/supervision_de_cumplimiento.cfm.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Asociación de Derechos Humanos Tutela
Legal “Dra. María Julia Hernández”.
5
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos es una institución pública de rango constitucional,
entre cuyas facultades se encuentra “velar por el respeto y garantía de los derechos humanos” en El Salvador. En el
escrito de agosto de 2018 presentó un “análisis y opinión sobre el nivel de cumplimiento de las reparaciones”
ordenadas en la Sentencia y en el escrito de junio de 2019 se refirió al proyecto de Ley de Reconciliación Nacional
que en ese momento estaba en trámite legislativo.
6
El artículo 69.2 establece que “La Corte podrá requerir a otras fuentes de información datos relevantes sobre
el caso, que permitan apreciar el cumplimiento. […]”.
7
Dicha audiencia fue convocada por la Corte con el objeto de recibir por parte del Estado información
actualizada y detallada sobre la obligación de investigar, juzgar y, en su caso, sancionar las graves violaciones
ocurridas en el presente caso, particularmente sobre (i) los avances en las diligencias judiciales que han sido
ordenadas por el juez de la causa penal para garantizar el acceso a la información necesaria para el esclarecimiento
de los hechos; (ii) aquellas medidas que hayan sido adoptadas o puedan adoptarse para fortalecer los recursos y la
delimitación de la competencia del juzgado que se encuentra a cargo del proceso penal del presente caso, en razón
de su complejidad, gravedad y relevancia, y (iii) los obstáculos tanto materiales como procesales que existen o
pudiesen llegar a existir para el efectivo cumplimiento de esta medida de reparación, así como los mecanismos de
control judicial que contempla la normativa salvadoreña.
8
A esta audiencia comparecieron: a) por el Estado: Gloria Evelyn Martínez Ramos, Agente y Directora de
Sistemas Internacionales de Protección de la Cancillería; Tania Camila Rosa, Directora General de Derechos Humanos
de la Cancillería; José Ángel Pérez Chacón, delegado de la Secretaría Jurídica de la Presidencia; Jorge Humberto
Guzmán, Juez de Instrucción de San Francisco Gotera; Pedro Hernán Martínez, Director del Instituto de Medicina
Legal de El Salvador, y Ernestina del Socorro Hernández, Secretaria de la Sala de lo Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia; b) por la representación de las víctimas: Gisela De León, Eduardo Guerrero Lomelí, Camila
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