rango medio. Indicaron que en el caso de los dos subdirectores condenados se trata de investigaciones en las que no fue reconocido CCAJAR como víctima, en razón de la fragmentación procesal que ha caracterizado el proceso en su conjunto. Agregaron que en los casos contra altos funcionarios del DAS, no se han producido avances importantes. 20. Finalmente, los peticionarios alegaron que el Estado violó los derechos del niño debido a que un grupo de niños y niñas, familiares de miembros del CCAJAR, fueron sujetos de actividades de inteligencia y víctimas de amenazas. Añadieron que algunos niños y niñas también fueron obligadas al exilio junto con sus familias. B. Posición del Estado 21. El Estado alegó que carece de toda responsabilidad en el presente caso. Indicó que atendiendo al principio de subsidiariedad del sistema interamericano de derechos humanos, ha llevado a cabo las acciones necesarias para remediar los hechos alegados por los peticionarios. Explicó que ello se tradujo en la imposición de sanciones penales y administrativas en contra de diversos funcionarios públicos involucrados. 22. El Estado señaló que adoptó una serie de medidas para reconocer la legitimidad del trabajo de los defensores de derechos humanos, tales como la Directiva Presidencial No. 07 de 1999, el Programa de Protección a Testigos y Personas Amenazadas del Ministerio del Interior, y la sentencia T-1062/05 de la Corte Constitucional. Colombia manifestó que “reitera su reconocimiento a la labor que llevan a cabo los defensores y defensoras de derechos humanos, ya que tanto estos como las organizaciones que los agrupan constituyen un elemento fundamental para la consolidación de un Estado democrático”. Afirmó también el Estado que la Vicepresidencia de la República ha adelantado gestiones tendientes a atender las solicitudes de los peticionarios en este caso, con particular énfasis en lo relacionado con los archivos de inteligencia. 23. En relación con la alegada violación a los derechos a la vida e integridad personal, el Estado indicó que no se evidencia que las medidas adoptadas para salvaguardar la vida de los integrantes del CCAJAR hayan carecido de efectividad. Sostuvo que por el contrario, han sido adecuadas para proteger la vida e integridad de estas personas. Explicó que en el trámite de las medidas cautelares MC-128-00 ha realizado todas las acciones necesarias para garantizar la vida e integridad de los beneficiarios. El Estado resaltó que desde el año 2009 los beneficiarios no han permitido la realización de la evaluación de riesgo. Indicó que a pesar de ello se ha continuado con la implementación de las medidas de seguridad. 24. Adicionalmente, Colombia manifestó que en ningún momento ha creado una situación de riesgo en contra de las presuntas víctimas. Sostuvo que no es cierto que exista un nexo causal entre afirmaciones de ciertos funcionarios y las amenazas recibidas por esta organización. 25. En relación con los hechos ocurridos entre 1990 y 2002, el Estado sostuvo que las denuncias han sido objeto de investigación por parte de las autoridades competentes. Indicó que las investigaciones han sido adelantadas de manera seria aunque “no han avanzado más allá de la etapa de indagación”. Sostuvo que el mero paso del tiempo sin que se impongan condenas penales no permite concluir la irrazonabilidad del plazo. Señal�� que las investigaciones versan sobre hechos complejos. 26. Respecto de los hechos ocurridos entre 2002 y 2006, Colombia señaló que se iniciaron siete indagaciones penales y se han emitido cinco sentencias penales en contra de once ex-funcionarios del DAS. Sostuvo que otros dos se acogieron a sentencia anticipada y se continúa investigando a otros diecisiete exfuncionarios. También informó que en la jurisdicción disciplinaria se han proferido sanciones en contra de seis ex-funcionarios consistentes en la destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos. 27. Sobre las alegadas actividades ilegales de inteligencia realizadas por funcionarios del DAS, el Estado sostuvo que tomó las medidas necesarias para atender dichas denuncias. El Estado sostuvo que dentro de las medidas correctivas se liquidó al DAS y se redistribuyó sus competencias entre otras instituciones. En 4