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I
INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA
1.
El 11 de julio de 2008 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en
adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) sometió ante la Corte, en los
términos de los artículos 51 y 61 de la Convención Americana, una demanda contra la
República del Perú (en adelante “el Estado” o “Perú”) en relación con el caso 11.385,
el cual se originó en la denuncia presentada en la Secretaría de la Comisión el 27 de
mayo de 1994 por la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH). El 16 de octubre
de 2007 la Comisión aprobó el Informe No. 85/07 sobre admisibilidad y fondo, en los
términos del artículo 50 de la Convención, el cual contiene determinadas
recomendaciones hechas al Estado3. El 10 de julio de 2008 la Comisión decidió, en los
términos de los artículos 51.1 de la Convención y 44 de su Reglamento, someter el
presente caso a la jurisdicción de la Corte. La Comisión designó como delegados al
señor Paolo Carozza, miembro de la Comisión, y al señor Santiago A. Canton,
Secretario Ejecutivo, y como asesoras legales a las señoras Elizabeth Abi-Mershed,
Secretaria Ejecutiva Adjunta, Norma Colledani y Lilly Ching.
2.
Los hechos presentados por la Comisión se refieren a la alegada desaparición
forzada del señor Kenneth Ney Anzualdo Castro (en adelante “el señor Anzualdo
Castro”) a partir del 16 de diciembre de 1993, supuestamente ejecutada por agentes
del Servicio de Inteligencia del Ejército (en adelante “SIE”) de esa época. Se alega
que el día en que fue secuestrado o detenido, el señor Anzualdo Castro habría sido
llevado a los sótanos del cuartel general del Ejército, donde habría sido
eventualmente ejecutado y sus restos incinerados en hornos que existían en esos
sótanos. La Comisión señala que los hechos se enmarcan en una época caracterizada
por un “patrón de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y masacres
atribuidas a agentes del Estado y a grupos vinculados a los organismos de
seguridad”, favorecido por un patrón de impunidad en la investigación y persecución
de ese tipo de hechos.
3.
La Comisión solicitó a la Corte que declare al Estado responsable por la
violación de los derechos reconocidos en los artículos 3 (Derecho al Reconocimiento
de la Personalidad Jurídica), 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad
Personal), 7 (Derecho a la Libertad Personal), 8 (Garantías Judiciales) y 25
2
Conforme a lo dispuesto en el artículo 72.2 del Reglamento de la Corte Interamericana vigente,
cuyas últimas reformas entraron en vigor a partir del 24 de marzo de 2009, “[l]os casos en curso se
continuarán tramitando conforme a este Reglamento, con la excepción de aquellos casos en que se haya
convocado a audiencia al momento de entrada en vigor del presente Reglamento, los cuales seguirán
tramitándose conforme a las disposiciones del Reglamento anterior”. De ese modo, el Reglamento de la
Corte mencionado en la presente Sentencia corresponde al instrumento aprobado por el Tribunal en su
XLIX Período Ordinario de Sesiones, celebrado del 16 al 25 de noviembre de 2000, y reformado
parcialmente por la Corte en su LXI Período Ordinario de Sesiones, celebrado del 20 de noviembre al 4 de
diciembre de 2003.
3
En el Informe de admisibilidad y fondo la Comisión, además de declarar la petición admisible y
pronunciarse sobre su competencia para conocer del caso, concluyó que Perú “violó, en perjuicio de
Kenneth Ney Anzualdo Castro, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a la
vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la libertad personal, a las garantías judiciales, y a la
protección judicial, consagrados en los artículos 3, 4, 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana, en
concordancia con las disposiciones de los artículos 1.1 y 2 del citado instrumento internacional y el artículo
I de la Convención sobre Desaparición Forzada. Igualmente, concluyó que el Estado es responsable de la
violación del derecho a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial,
consagrados en los artículos 5, 8 y 25 de la Convención, en perjuicio de los familiares de la víctima y en
relación con la obligación general de respeto y garantía del artículo 1.1 y con el deber de adoptar
disposiciones de derecho interno establecido en el artículo 2, de la Convención”. Finalmente, la Comisión
formuló determinadas recomendaciones al Estado.

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