2 I INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA 1. El 11 de julio de 2008 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) sometió ante la Corte, en los términos de los artículos 51 y 61 de la Convención Americana, una demanda contra la República del Perú (en adelante “el Estado” o “Perú”) en relación con el caso 11.385, el cual se originó en la denuncia presentada en la Secretaría de la Comisión el 27 de mayo de 1994 por la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH). El 16 de octubre de 2007 la Comisión aprobó el Informe No. 85/07 sobre admisibilidad y fondo, en los términos del artículo 50 de la Convención, el cual contiene determinadas recomendaciones hechas al Estado3. El 10 de julio de 2008 la Comisión decidió, en los términos de los artículos 51.1 de la Convención y 44 de su Reglamento, someter el presente caso a la jurisdicción de la Corte. La Comisión designó como delegados al señor Paolo Carozza, miembro de la Comisión, y al señor Santiago A. Canton, Secretario Ejecutivo, y como asesoras legales a las señoras Elizabeth Abi-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta, Norma Colledani y Lilly Ching. 2. Los hechos presentados por la Comisión se refieren a la alegada desaparición forzada del señor Kenneth Ney Anzualdo Castro (en adelante “el señor Anzualdo Castro”) a partir del 16 de diciembre de 1993, supuestamente ejecutada por agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército (en adelante “SIE”) de esa época. Se alega que el día en que fue secuestrado o detenido, el señor Anzualdo Castro habría sido llevado a los sótanos del cuartel general del Ejército, donde habría sido eventualmente ejecutado y sus restos incinerados en hornos que existían en esos sótanos. La Comisión señala que los hechos se enmarcan en una época caracterizada por un “patrón de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y masacres atribuidas a agentes del Estado y a grupos vinculados a los organismos de seguridad”, favorecido por un patrón de impunidad en la investigación y persecución de ese tipo de hechos. 3. La Comisión solicitó a la Corte que declare al Estado responsable por la violación de los derechos reconocidos en los artículos 3 (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica), 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal), 7 (Derecho a la Libertad Personal), 8 (Garantías Judiciales) y 25 2 Conforme a lo dispuesto en el artículo 72.2 del Reglamento de la Corte Interamericana vigente, cuyas últimas reformas entraron en vigor a partir del 24 de marzo de 2009, “[l]os casos en curso se continuarán tramitando conforme a este Reglamento, con la excepción de aquellos casos en que se haya convocado a audiencia al momento de entrada en vigor del presente Reglamento, los cuales seguirán tramitándose conforme a las disposiciones del Reglamento anterior”. De ese modo, el Reglamento de la Corte mencionado en la presente Sentencia corresponde al instrumento aprobado por el Tribunal en su XLIX Período Ordinario de Sesiones, celebrado del 16 al 25 de noviembre de 2000, y reformado parcialmente por la Corte en su LXI Período Ordinario de Sesiones, celebrado del 20 de noviembre al 4 de diciembre de 2003. 3 En el Informe de admisibilidad y fondo la Comisión, además de declarar la petición admisible y pronunciarse sobre su competencia para conocer del caso, concluyó que Perú “violó, en perjuicio de Kenneth Ney Anzualdo Castro, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la libertad personal, a las garantías judiciales, y a la protección judicial, consagrados en los artículos 3, 4, 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana, en concordancia con las disposiciones de los artículos 1.1 y 2 del citado instrumento internacional y el artículo I de la Convención sobre Desaparición Forzada. Igualmente, concluyó que el Estado es responsable de la violación del derecho a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial, consagrados en los artículos 5, 8 y 25 de la Convención, en perjuicio de los familiares de la víctima y en relación con la obligación general de respeto y garantía del artículo 1.1 y con el deber de adoptar disposiciones de derecho interno establecido en el artículo 2, de la Convención”. Finalmente, la Comisión formuló determinadas recomendaciones al Estado.

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