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(Protección Judicial) de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1
(Obligación de Respetar los Derechos) y 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de
Derechos Interno) de la misma, así como por la violación del artículo I de la
Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (en adelante
“CIDFP”), en perjuicio del señor Kenneth Ney Anzualdo Castro. Además, la Comisión
alegó que el Estado es responsable por la violación de los derechos consagrados en
los artículos 5 (Derecho a la Integridad Personal), 8 (Garantías Judiciales) y 25
(Protección Judicial) de la Convención, en relación con los artículos 1.1 (Obligación de
Respetar los Derechos) y 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derechos Interno) de
la misma, en perjuicio de sus familiares, a saber, el señor Félix Vicente Anzualdo
Vicuña, padre; Iris Isabel Castro Cachay de Anzualdo (fallecida), madre; y sus
hermanos Marly Arleny Anzualdo Castro y Rommel Darwin Anzualdo Castro. Como
consecuencia de lo anterior, la Comisión solicitó a la Corte que ordene al Estado
determinadas medidas de reparación y se reintegren las costas y gastos.
4.
El 19 de octubre de 2008 la señora Gloria Cano y el señor Jorge Abrego, de la
Asociación Pro-Derechos Humanos (APRODEH), las señoras Viviana Krsticevic, Ariela
Peralta y Alejandra Vicente y el señor Francisco Quintana, del Centro por la Justicia y
el Derecho Internacional (CEJIL) (en adelante “los representantes”), presentaron ante
la Corte un escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, en los términos del artículo
23 del Reglamento (infra párr. 7). En este escrito hicieron alusión a los hechos
señalados en la demanda de la Comisión, y consideraron que los mismos formaban
parte de “una práctica sistemática de desapariciones forzadas por parte de agentes
estatales, […] ejercida de manera selectiva, entre otros, contra estudiantes
universitarios; […][la cual se] realizó con el conocimiento y la aquiescencia de las
más altas autoridades gubernamentales del país”. Consecuentemente, los
representantes solicitaron a la Corte que declare la responsabilidad internacional del
Estado por las mismas violaciones a la Convención alegadas por la Comisión y,
además, por la violación del artículo 13 de la Convención Americana, que en su
criterio conforma el derecho a la verdad, en perjuicio de los familiares de Kenneth
Ney Anzualdo Castro y “de la sociedad peruana en su conjunto”, así como por el
incumplimiento de su obligación de tipificar adecuadamente el delito de desaparición
forzada, en los términos de los artículos I (d), II y III de la Convención
Interamericana de Desaparición Forzada, y derivada asimismo del artículo 2 de la
Convención Americana. Finalmente, solicitaron que se ordene al Estado determinadas
medidas de reparación y se reintegren las costas y gastos.
5.
El 22 de diciembre de 2008 el Estado presentó su escrito de contestación de
demanda, observaciones al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas e
interposición de la excepción preliminar de falta de agotamiento de los recursos
internos, al estimar que “si bien ha habido demoras en la tramitación, […] existe en la
actualidad una denuncia […] tramitada ante la 3ª Fiscalía Supranacional” en relación
con los hechos del caso. Asimismo, el Estado instó a la Corte para que “deslinde la
responsabilidad que la Comisión Interamericana atribuye al Estado en la demanda por
la desaparición [f]orzada [de la presunta víctima…]”, en el entendido de que la misma
“no ha sido efectuada por efectivos [e]statales del [g]obierno [p]eruano”, sino por el
grupo terrorista Sendero Luminoso. El Estado manifestó que no es responsable por
las violaciones alegadas y, por ende, “no puede reparar a los familiares por el
presunto daño ocasionado” ni realizar otras medidas de reparación solicitadas. El
Estado designó al señor Jaime José Vales Carrillo como Agente en el presente caso,
cuya designación fue posteriormente sustituida por la de la señora Delia Muñoz
Muñoz, Procuradora Pública Especializada Supranacional del Perú.

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