4 1) limítrofes, o bien, muy cercanos a los sitios que el mismo Tribunal reconoció como escenarios de la masacre, o 2) circunscripciones territoriales –cantones- en las que están contenidos los caseríos. Sobre el particular, sostuvieron que parte del caserío Los Toriles (que la Corte reconoció que fue afectado por la masacre) se encuentra dentro del cantón de Tierra Colorada (expresamente excluido) y limita con el caserío El Pinalito (expresamente excluido), el cual también forma parte del cantón de Tierra Colorada. Asimismo, indicaron que los listados presentados “no hacen referencia al caserío La Guacamaya”, sino que la referencia a “La Guacamaya” hecha en los listados “se refiere al [c]antón que lleva este nombre”. Los representantes explicaron que ante la imposibilidad de determinar específicamente el lugar exacto –caserío- del cantón donde las víctimas fueron ejecutadas, en los listados se dejó “Tierra Colorada” y “Guacamaya”. Igualmente, especificaron que el caserío El Pinalito es limítrofe con el caserío Los Toriles y “también fue afectado por la masacre aunque en menor medida”. Además, aclararon que Arambala “no es un Departamento ni una cabecera municipal” sino que es “un municipio del norte del Departamento Morazán”, es decir, “parte de la zona afectada por la masacre”, y que dentro del Municipio de Arambala se encuentran ubicados el cantón de Tierra Colorada y algunos de sus caseríos. No obstante, la referencia hecha a “Arambala” en los listados presentados, aludiría “al pueblo (área urbana) de Arambala”. A todo ello, se sumaría que los representantes precisaron durante el procedimiento ante la Corte que las listas presentadas “son absolutamente imperfectas”. En lo que se refiere al segundo argumento, advirtieron que, durante el procedimiento ante la Corte, el Estado reconoció su responsabilidad sobre los hechos en varias ocasiones y que en el marco de estas manifestaciones hizo referencia a lugares que fueron excluidos expresamente en la Sentencia. 13. Por último, los representantes alegaron que, dado que la Corte ordenó al Estado que continuara con la plena puesta en funcionamiento del “Registro Único de Víctimas y Familiares de Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos durante la Masacre de El Mozote”, la limitación territorial establecida en la Sentencia “podría generar complicaciones durante el proceso de supervisión de esta medida”. En consecuencia, solicitaron a la Corte que aclare la relación, el sentido y el alcance entre el párrafo 56 de su Sentencia y la elaboración de dicho Registro. 14. El Estado sostuvo que, en efecto, los hechos tuvieron una dimensión masiva y afectaron a poblaciones y personas que permanecían en diversos caseríos, cantones y municipios, especialmente en las jurisdicciones municipales de Meanguera y Arambala, Departamento de Morazán. Asimismo, confirmó que los límites de la división político administrativa de los territorios afectados por las masacres son de difícil determinación, específicamente en lo relativo a lograr certeza sobre los lugares exactos donde se perpetraron las violaciones de los derechos humanos durante los hechos objeto de la Sentencia. Agregó que, por tales consideraciones, los reconocimientos de responsabilidad internacional efectuados “tendían a situar los hechos […] en un listado amplio de caseríos y cantones, sin restringirlos a un listado cerrado o estrictamente delimitado”. Advirtió también que el operativo dio inicio en el poblado de Arambala y se desplazó a El Mozote transitando por el caserío El Pinalito, del cantón de Tierra Colorada. Asimismo, aclaró que el propio caserío El Mozote está situado dentro del cantón La Guacamaya, del municipio de Meanguera. Sostuvo además que, a su entender, el “Registro Único de Víctimas y Familiares de Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos durante la Masacre de El Mozote” sería la herramienta técnica y el procedimiento idóneo para cumplir con la obligación establecida en la Sentencia, consistente en la “determinación cierta de otras personas que también deban ser consideradas víctimas y, en su caso, beneficiarias de las reparaciones”. 15. Finalmente, el Estado observó que, si bien la Corte en su Sentencia no incluyó a personas que habrían sufrido las violaciones alegadas en algunos lugares específicos, el Tribunal había establecido una excepción a este criterio al establecer que “las personas que habrían sufrido una posible violación de sus derechos en dichos lugares no serán consideradas por la Corte como víctimas en el presente caso, salvo que de la prueba surja que estas personas se encontraban en alguno de los lugares objeto del presente caso al momento de los hechos”. Al respecto, el Estado

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