El Estado depositó el instrumento de ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 9 de agosto de 1977 y aceptó la jurisdicción contenciosa de la Corte el 24 de junio de 1981. El Estado denunció la Convención Americana el 10 de septiembre de 2012. Los hechos del presente caso tuvieron lugar antes del 10 de septiembre de 2013, fecha en que entró en vigencia la denuncia de la Convención Americana. La Comisión ha designado al Comisionado Francisco José Eguiguren Praeli y al Secretario Ejecutivo Paulo Abrão como sus Delegados. Asimismo, Erick Acuña Pereda actuará como Asesor Legal. De conformidad con el artículo 35 del Reglamento de la Corte Interamericana, la Comisión adjunta copia del Informe de Fondo No. 117/18 elaborado en observancia del artículo 50 de la Convención, así como copia de la totalidad del expediente ante la Comisión Interamericana (Apéndice I) y los anexos utilizados en la elaboración de dicho informe (Anexos). El Informe de Fondo No. 117/18 fue notificado al Estado de Venezuela mediante comunicación de 8 de noviembre de 2018, otorgándole un plazo de dos meses para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones. La Comisión otorgó dos prórrogas al Estado venezolano. Con posterioridad a ello el Estado no solicitó una nueva prórroga ni presentó un informe actualizado sobre el estado de cumplimiento de las recomendaciones. En virtud de lo anterior, la Comisión Interamericana decidió someter a la jurisdicción de la Corte Interamericana la totalidad de los hechos y violaciones de derechos humanos descritos en el Informe Fondo No. 117/18, ante la necesidad de obtención de justicia y reparación en el caso particular. En ese sentido, la Comisión solicita a la Corte que concluya y declare la responsabilidad internacional del Estado de Venezuela por la violación de los artículos 4.1 (derecho a la vida); 5.1 y 5.4 (derecho a la integridad personal); 7.1, 7.2, 7.3. 7.5 y 7.6 (derecho a la libertad personal); 8.1 y 8.2 (garantías judiciales); y 25.1 (protección judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana” o “la Convención”), en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio de las personas indicadas en el Informe de Fondo No. 117/18. La Comisión solicita a la Corte que establezca las siguientes medidas de reparación: 1. Reparar integralmente las consecuencias de las violaciones declaradas en el informe, incluyendo las medidas de satisfacción y compensación del daño material e inmaterial. 2. Disponer las medidas necesarias para investigar de manera exhaustiva, diligente y en un plazo razonable, todas las responsabilidades derivadas de la muerte de Olimpiades González, a fin de esclarecer los hechos e imponer las sanciones que correspondan. 3. Disponer medidas de no repetición que incluyan: i) las medidas necesarias para que la figura de la detención preventiva, en la práctica, sea la excepción y no la regla y se aplique de manera consistente con los estándares desarrollados en el presente informe; y ii) las medidas necesarias para que existan recursos idóneos y efectivos para obtener reparación por violaciones de derechos humanos derivadas del uso indebido de la detención preventiva. Además de la necesidad de obtención de justicia, la Comisión destaca que el presente caso involucra cuestiones de orden público interamericano. La Comisión considera que el presente caso le permitirá a la Honorable Corte profundizar su jurisprudencia en materia de estándares sobre la detención preventiva, en particular sobre la exigencia de fines procesales para dictarla, y la necesidad de su revisión periódica. Asimismo, la Corte podrá profundizar sobre la obligación que se desprende del artículo 5.4 de la Convención Americana relacionada con la separación de personas procesadas y condenadas. 2

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