peticionarios presentaron su respuesta y el 23 de marzo de 2006 se dio traslado al Estado para
sus observaciones. El 7 de abril de 2006 se reiteró el traslado de la respuesta de los
peticionarios de fecha 6 de marzo de 2006 al Estado y se le otorgó un mes para presentar sus
observaciones al respecto. El 24 de abril de 2006 la CIDH recibió las observaciones del Estado.
El 4 de mayo de 2006 la CIDH transmitió a los peticionarios las observaciones del Estado.
III.

POSICIONES DE LAS PARTES

A.

Los peticionarios

6. Los peticionarios alegan que el 1º de abril de 1981 Florencio Chitay Nech, maya kaqchikel,
fue víctima en la Zona 19 de la Ciudad de Guatemala de secuestro y posteriormente de
desaparición forzada, a manos de miembros del Ejército de Guatemala.
7. Respecto a la presunta víctima los peticionarios sostienen que Florencio Chitay Nech nació en
la aldea Quimal, Caserío Semetabaj el 2 de marzo de 1935. Por muchos años se dedicó al cultivo
de maíz, fríjol y caña de azúcar en unos terrenos heredados por sus padres. Hacia el año 1973,
el Sr. Chitay se unió a los movimientos campesinos de la región e inició su participación en
actividad política afiliándose a la Democracia Cristiana Guatemalteca. Al mismo tiempo, la
presunta víctima se involucró activamente en el movimiento cooperativista, llegando incluso a
instalar, luego del terremoto de 1976, la tienda de la cooperativa en la que participaba en la
casa de su propiedad. En 1977 un grupo de indígenas decidió presentar candidatos a la
contienda electoral municipal de 1978, proponiendo al Sr. Felipe Álvarez Tepaz como candidato a
la Alcaldía de San Martín de Jilotepeque, Departamento de Chimaltenango y al Sr. Florencio
Chitay como candidato a Concejal Primero. Ambos salieron elegidos, constituyéndose en el
primer Concejo Municipal cuyo 99% de integrantes eran indígenas.
8. Según los peticionarios, a mediados de 1979 comenzó la represión en contra de los miembros
de la corporación municipal de San Martín de Jilotepeque. En 1980 fue secuestrado el Sr. Álvarez
Tepaz, Alcalde Municipal, 1 y el Sr. Chitay Nech asumió la responsabilidad de la Alcaldía por su
calidad de Concejal Primero (Vicealcalde). A partir de junio de 1980, la presunta víctima habría
sido objeto de notas anónimas "en dónde le invitaban a desatender todas las actividades que
realizaba, es decir, dejar el cargo en la municipalidad, retirarse del movimiento cooperativo y
campesino, puesto que todos estos actos eran tildados como actos subversivos" 2. Así mismo, a
partir de noviembre de 1980 habrían comenzado los intentos de secuestro del Sr. Florencio
Chitay. El primer intento se habría visto frustrado cuando al llegar sujetos armados y a bordo de
un vehículo tipo jeep a la casa de la presunta víctima, no habrían podido ingresar a ésta por
haber sido reforzada la entrada, ante lo cual los desconocidos habrían disparado hacia la casa y
continuado su camino. Posteriormente, los miembros de la Familia Chitay Rodríguez comenzaron
a pasar la noche en distintas casas como medida de seguridad. Sin embargo, en dos
oportunidades más habrían ingresado desconocidos a la casa de Florencio Chitay, destruyendo
sus pertenencias. A raíz de lo anterior, el Sr. Florencio Chitay decidió huir hacia Ciudad de
Guatemala, en donde se instaló con su familia en una habitación de alquiler y consiguió un
empleo en un taller de refrigeración.
1
CIDH, Resolución Nº 15-82, Caso 7777, Guatemala, 9 de marzo de 1982. LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE
DERECHOS HUMANOS, RESUELVE:
1. Con fundamento en el Artículo 39 del Reglamento, presumir verdaderos los hechos denunciados en la comunicación
de fecha 24 de noviembre de 1980, relativos al ametrallamiento de la case y posterior secuestro y desaparición del
señor Felipe Álvarez, Alcalde de San Martín de Jilotepoque, Departamento de Chimaltenango, en Guatemala.
2. Declarar que el Gobierno de Guatemala violó los Artículos 5 (Derecho a la Integridad Personal) y 7 (Derecho a la
Libertad Personal), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
3. Recomendar al Gobierno guatemalteco que disponga la más exhaustiva investigación de los hechos denunciados
para establecer la responsabilidad de las personas que directa o indirectamente tienen responsabilidad, a fin de que
reciban las sanciones legales correspondientes y que se sirva comunicar a la Comisión la decisión que adopte, dentro
de un plazo máximo de 60 días.
4. Comunicar esta Resolución al Gobierno de Guatemala y a los denunciantes
5. Si transcurrido el plazo fijado en el numeral 3 de esta Resolución, el Gobierno de Guatemala no presentare
observaciones, la Comisión incluiría esta Resolución en su Informe Anual a la Asamblea General de conformidad con el
Artículo 59 inciso (g) del Reglamento de la Comisión.
2
En escrito de los peticionarios de fecha 2 de marzo de 2005.

2

Select target paragraph3