- 3que la Corte podrá profundizar en su jurisprudencia sobre casos de desaparición forzada de personas y de tortura, fuera de un contexto dictatorial o de conflicto armado con violaciones sistemáticas de derechos humanos. 8. El Estado presentó una recusación al peritaje ofrecido por la Comisión, alegando que: (i) el señor Víctor Madrigal-Borloz durante el período de agosto del 2004 a diciembre del 2006 ocupó el cargo de jefe de litigios de la Comisión Interamericana, cargo en el cual supervisó todas las comunicaciones legales de la Comisión y coordinó todas las comparecencias ante la Corte, como asimismo fue responsable del desarrollo de la estrategia en casos, entre otras funciones; (ii) durante gran parte del trámite de admisibilidad de esta petición el perito propuesto tenía una relación de subordinación funcional con la Comisión, al ostentar un cargo que le permitió conocer el contenido de todas las peticiones o denuncias formuladas ante dicho órgano , incluyendo la petición inicial en el caso concreto, y (iii) ha tenido una directa opinión y participación en los dictámenes que sirvieron de base a la Comisión para formular el informe de admisibilidad dictado en la presente petición. En vista de lo anterior, el Estado estimó haber “presentado elementos fácticos y argumentos sólidos que muestran el acaecimiento de los supuestos de recusación previstas en el art. 48, incisos c) y d) del Reglamento”, por lo que solicitó a la Corte rechazar la prueba pericial propuesta por la Comisión “ante la patente falta de objetividad del perito propuesto”. 9. Por otro lado, y de manera subsidiaria a la solicitud de recusación, el Estado alegó que la Comisión no ha expuesto ninguna razón coherente y plausible que fundamente la excepcionalidad de la admisión de la pericia propuesta, ni mucho menos ha demostrado la supuesta afectación relevante del orden público interamericano de Derechos Humanos”. Además indicó que “es innecesaria e improcedente que una persona en su calidad de supuesto ‘perito’, coadyuve a que la Corte IDH profundice en su jurisprudencia sobre casos de desaparición forzada de personas y tortura”. 10. Respecto a la recusación presentada en su contra, el señor Madrigal-Borloz señaló que “la petición inicial del presente caso fue abierta a trámite mediante la notificación al Estado de Paraguay el 20 de mayo de 2003”. Por lo tanto, “el estudio inicial y la decisión de apertura a trámite de la petición tuvo lugar antes de [su] incorporación a la Secretaría Ejecutiva” de la Comisión. El perito señaló que como funcionario de la Secretaría Ejecutiva nunca estuvo a cargo de peticiones en etapa de admisibilidad o casos en etapa de fondo. Agregó que “en ningún momento tuv[o] conocimiento ni emit[ió] opinión de naturaleza alguna sobre el presente caso en el cual se [le] ha ofrecido como perito durante [su] vinculación con la Secretaría Ejecutiva”. También señaló que los supuestos para que sea procedente la causal de recusación prevista en el artículo 48.1.c no están presentes en este caso. 11. El artículo 48.1.d del Reglamento dispone que los peritos podrán ser recusados por “ser o haber sido funcionario de la Comisión con conocimiento del caso en litigio en que se solicita su peritaje”. Esta Presidencia ha constatado que de la hoja de vida del perito se desprende que fungió como “Jefe de Litigio” de la Comisión ante la Corte entre agosto de 2004 a diciembre de 2006, y desde enero de 2007 hasta septiembre del 2013 ocupó el cargo de “Jefe de Sección de Registro y Especialista Principal de Derechos Humanos” de la Comisión, donde supervisaba el estudio inicial realizado a las peticiones. En el presente caso, la Comisión dio trámite a la petición el 20 de mayo del 2003 4, por lo que el estudio inicial de la petición se realizó años antes que el perito fuese el encargado de supervisar el estudio inicial de las peticiones. Además, se desprende de la hoja de vida del perito que durante su trabajo en la Secretaría Ejecutiva no trabajó en las decisiones de admisibilidad y fondo de casos, así como Cfr. Comunicación de la Comisión Interamericana de 20 de mayo del 2003 mediante la cual notificó al Estado Paraguayo la petición inicial (expediente de prueba, folio 1099). 4