que se les haya realizado una “determinación individualizada de la necesidad y proporcionalidad de dicha privación de libertad”, y que de las estaciones “que son llevadas sin libre decisión hacia la otra frontera”. Por otra parte, si bien “valora[ron] positivamente que la comunidad de Bajo Chiquito ha dispuesto un viaje diario gratuito para aquellas personas que no pueden costear ‘el peaje al piragüero’”, estimaron que “exigir el pago de su transporte a las ERMs alargaría su detención en Bajo Chiquito y las expone a situaciones de riesgo ante la necesidad de reunir el dinero para su traslado” 63. Aunado a ello, manifestaron que “las barreras idiomáticas […] continúan”, especialmente “frente a la prestación de servicios médicos”. En la audiencia de marzo de 2022, las representantes indicaron que, luego de la visita en terreno, “observa[ron] una importante mejora en la infraestructura” de las ERMs. Sin embargo, consideraron que en San Vicente “existe un alto riesgo de hacinamiento”, debido a la capacidad máxima del lugar y a la cantidad de personas que han ingresado mensualmente por la selva del Darién64. Asimismo, alegaron que “los espacios de vivienda de San Vicente no cuentan con la ventilación necesaria”. En consecuencia, estimaron que el Estado “no ha cumplido con los requerimientos observados”. Además, en su escrito de 20 de mayo de 2022 se refirieron a una desmejora de condiciones en la ERM de San Vicente. 20. En cuanto a las medidas para proveer alimentos, agua e implementos sanitarios para evitar el contagio de COVID-19, reconocieron el esfuerzo del Estado “en proveer la infraestructura necesaria a las ERM de San Vicente y Lajas Blancas a fin de garantizar el acceso a agua e implementos sanitarios”. Sin embargo, estimaron que la información brindada “no permite establecer si dichas medidas son suficientes para responder al flujo migratorio existente”, y alegaron que según ciertos reportes de organizaciones internacionales aún persistían problemáticas relacionadas con este punto65. Asimismo, manifestaron que suponen que “las acciones como el tamizaje nutricional son esporádicas y que los casos de desnutrición no tienen un seguimiento efectivo”, y que “de la información existente es imposible determinar si [el servicio de alimentación contratado por el Estado] es suficiente para garantizar las necesidades nutricionales existentes”. Por ello, consideraron que “el Estado no ha cumplido integralmente con las medidas ordenadas por la Corte [y] manifesta[ron su] preocupación por la falta de información sobre un plan de contingencia por la temporada de sequía en el Darién, y la falta de suministro de agua e implementos de higiene que se registran en las ERMs y en Bajo Chiquito”66. Por otra parte, alegaron que “el Estado no ha demostrado las medidas que ha adoptado para [evitar] la xenofobia y discriminación”. Las representantes señalaron que, según la IFRC, “aquellas personas que no tienen dinero para pagar su traslado a las otras ERMs pueden tardar entre [uno] a [tres] días en conseguir la cantidad requerida […]. Lo anterior no solo ha generado que existan en algunos momentos hacinamiento en Lajas Blancas, si no también, ha permitido que se registren casos de sexo transaccional. Esta última práctica, particularmente, causa que las mujeres, niñas, niños y adolescentes migrantes se encuentren ante un especial riesgo de ser víctimas de diferentes manifestaciones de la violencia basada en el género”. Cfr. Escrito de observaciones de las representantes de 17 de diciembre de 2021. 64 Las representantes alegaron en la audiencia privada que más de 4000 personas han ingresado mensualmente por la selva del Darién, mientras que la capacidad de la ERM de San Vicente es de 400 personas máximo. 65 Al respecto, alegaron que “un reporte de Médicos Sin Fronteras de agosto de 2021 recoge que ‘las quejas por comida o techo inadecuados o por falta de agua y duchas o por falta de mecanismos para comunicar con las familias, son constantes’”, mientras que según el último informe de la IFRC, al mes de noviembre de 2021, en las ERMs de San Vicente y Lajas Blancas, así como en Bajo Chiquito persistían las siguientes problemáticas: “i) las duchas, baños y zonas de lavados son insuficientes, y su mantenimiento ha sido descuidado; ii) no existen señales visuales que permita a todas las personas migrantes entender las medidas de higiene personal recomendadas e identificar fácilmente los lugares creados […] para este fin[;] iii) existen interrupciones del suministro de agua potable, las plantas en las ERMs no tienen capacidad suficiente para suministrar agua potable a todas las personas […] y no existen otras fuentes para acceder a agua potable[,] y iv) no hay suficientes implementos sanitarios de protección y las medidas de limpieza en las instalaciones son esporádicas”. Cfr. Escritos de observaciones de las representantes de 13 de octubre y 17 de diciembre de 2021. 66 Sobre la disponibilidad de agua, las representantes señalaron que la IFRC “manifestó su preocupación sobre el suministro de agua potable en los próximos meses, esto en razón a que se espera una temporada de sequía en la zona del Darién”. Cfr. Escrito de observaciones de las representantes de 17 de diciembre de 2021. 63 13