21.
Respecto de las medidas adoptadas para garantizar el derecho a la salud y prevenir los
contagios, consideraron que el Estado “no brind[ó] información o estadísticas actualizadas
sobre los casos identificados de COVID-19 y su estado de salud[, ni] ha ampliado la información
sobre el alcance del personal de salud disponible en la [c]omunidad de Bajo Chiquito y en las
ERMs de Lajas Blancas y San Vicente” 67. En este sentido, estimaron “imprescindible que el
Estado adopte como medida de prevención el aumento del personal sanitario y los implementos
médicos disponibles” ante la llegada de la variante ómicron. Asimismo, observaron que el
Estado no informó “si la infraestructura para la atención en salud en […] Bajo Chiquito fue
mejorada”68. Además, estimaron que “no existe evidencia sobre [la] prestación permanente
[de servicios de salud mental] en Bajo Chiquito y las ERMs”. Respecto a la atención a víctimas
de violencia sexual, resaltaron que otorgar profilaxis para embarazos no deseados y
enfermedades de transmisión sexual “es una solución incompleta sin la existencia de un
protocolo que incluya la asistencia y la atención de un médico ginecólogo u obstetra que pueda
evaluar con mayor precisión la situación y las necesidades de las víctimas”. Por otra parte,
manifestaron que no se cuenta “con camillas y sillas de ruedas suficientes que faciliten el
traslado de las personas migrantes enfermas a las áreas de atención médica” y que el Estado
“no detalla sobre la disponibilidad de ambulancias o medios de transporte existentes”.
Igualmente, “observa[ron] con preocupación la inexistencia de un plan de contingencia para
darle un adecuado tratamiento a las personas con COVID-19”, y resaltaron que el Estado habría
brindado “información contradictoria” respecto a la realización de hisopados 69. En cuanto a la
vacunación, alegaron que el Estado no informó si “se está vacunando a la población migrante
que llega [a] Bajo Chiquito y es ubicada en las ERMs” e indicaron que esta población “tiene
serias dificultades para el acceso a la vacunación”70.
22.
Sobre las medidas para proteger los derechos de la niñez migrante y de las mujeres,
“nota[ron] que el Estado continúa sin informar sobre [el] ‘Protocolo específico de atención
integral de los niños, niñas y adolescentes migrantes irregulares’” 71. Asimismo, manifestaron
su “preocupación por la capacidad que tienen las autoridades […] para responder de manera
integral y diferenciada al alto número de niños y niñas migrantes” 72; y alegaron que el Estado
En este sentido, manifestaron que resultaba “sumamente preocupante que, por ejemplo, para las centenares
de personas migrantes que llegan diariamente a la [c]omunidad de Bajo Chiquito se cuente sólo con [cuatro] médicos,
[tres] enfermeras, [tres] técnicos de enfermería, [dos] paramédicos y [un] psicólogo”. Cfr. Escrito de observaciones
de las representantes de 17 de diciembre de 2021. Asimismo, en la audiencia privada alegaron que “en Bajo Chiquito
usualmente no existe una atención médica y psicológica inmediata que sea capaz de responder a las necesidades
existentes”, y que la atención en las otras ERM “únicamente se brinda por parte de organismos de la sociedad civil
cuya estadía es temporal”.
68
Las representantes alegaron que “[s]egún reporta la IFRC, no hay suficiente personal médico, dotación e
implementos médicos para atender la alta demanda de servicios diarios. Desde agosto de 2021, cada vez son más
personas migrantes que llegan allí con serios problemas respiratorios, infecciones gastrointestinales y trastornos
dermatológicos”. Cfr. Escrito de observaciones de las representantes de 17 de diciembre de 2021.
69
En la audiencia privada, las representantes manifestaron que el Estado brindó información contradictoria
respecto a la realización de hisopados ya que “informó en más de dos ocasiones que a todas las personas que
ingresaron a Lajas Blancas y Bajo Chiquito se les practicaba un hisopado[, pero] al entrevistar confidencialmente a
personas detenidas en estos centros todas ellas manifestaron que no se les había realizado” y posteriormente fue
informado que “ya no se practicaban muchas pruebas por la baja incidencia” de casos en el país. Las representantes
también indicaron que que habían recopilado información que mostraba que en el mes de febrero de 2022 “existió un
aumento de casos positivos de COVID-19 en San Vicente”. Asimismo, alegaron que durante la visita en terreno “no se
[les] mostró el lugar donde supuestamente se realiza la atención médica [para personas con COVID-19] y tampoco
se observaron los espacios en donde se separarían a las personas contagiadas”.
70
Las representantes manifestaron que “el Estado tiene la obligación de remover las barreras de iure y de facto
que impidan a las personas migrantes acceder a la vacunación[; y que debe] garantizar el acceso físico a las vacunas
y adoptar planes de vacunación que tengan en cuenta las particularidades geográficas donde se encuentran las
personas”. Cfr. Escrito de observaciones de las representantes de 13 de octubre de 2021.
71
Cfr. Escrito de observaciones de las representantes de 17 de diciembre de 2021.
72
Las representantes alegaron que “[d]urante el año 2021 casi 30.000 [niños, niñas y adolescentes] migrantes
[…] atravesa[ron] la selva del Darién, cifra que es [cinco] veces mayor que la suma de los [cuatro] años anteriores”.
Cfr. Escrito de observaciones de las representantes de 17 de diciembre de 2021. Por otra parte, en la audiencia privada
67
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