2
artículos 67 de la Convención y 59 del Reglamento. En su demanda el Estado se refirió
a la medida de reparación que ordena constituir un “tribunal arbitral” para la
determinación del porcentaje de “pérdidas que sufrió el señor Chaparro como
consecuencia de la aprehensión y depósito de la fábrica Plumavit” por parte del Estado.
El Ecuador señaló que “rechaza esta medida de reparación” y solicitó que “la Corte
Interamericana explique el alcance, finalidad y sobretodo fundamento para imponer un
arbitraje al Estado ecuatoriano” (resaltado en el original). El 23 de enero de 2008 la
Secretaría de la Corte (en adelante “la Secretaría”), siguiendo instrucciones de la
Presidencia de la Corte (en adelante “la Presidencia”), recordó al Estado que, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 del Reglamento, “[l]a demanda de
interpretación no suspende la ejecución de la Sentencia” 3. El 27 de febrero de 2008 se
recibió el original de la demanda con una nota en la que se indicaba que “el Estado
Ecuatoriano […] no acepta el arbitraje [… y que e]n su lugar, […] ofrec[ía] un proceso
de mediación en el centro independiente y especializado con que cuenta la
Procuraduría General del Estado”.
2.
El 13 de febrero de 2008 los representantes de las víctimas (en adelante “los
representantes”) presentaron una comunicación mediante la cual alegaron una
supuesta falta de voluntad del Estado para ejecutar la Sentencia, en el sentido de que
se estaría negando a participar en el arbitraje ordenado.
3.
El 18 de febrero de 2008 el Agente Alterno del Estado manifestó que “el Estado
ecuatoriano se ve en la imposibilidad legal de cumplir con una obligación internacional
contraria a la naturaleza del arbitraje”.
4.
El 13 de marzo de 2008 la Secretaría, siguiendo instrucciones de la Presidencia,
solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Misión Permanente del Ecuador
ante la OEA que, a más tardar el 27 de marzo de 2008, confirmaran si lo expresado
por los Agentes del Estado era “la posición oficial del Ilustrado Estado del Ecuador
respecto al cumplimiento de la Sentencia emitida por el Tribunal en el presente caso”.
El 2 de abril de 2008 el Estado “ratific[ó] su posición de no reconocer la constitución de
un tribunal arbitral”.
5.
El 10 de abril de 2008, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.2 del
Reglamento y siguiendo instrucciones de la Presidencia, la Secretaría transmitió copia
de la demanda de interpretación, así como de los demás escritos del Estado y notas de
Secretaría, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la
Comisión”) y a los representantes, y les comunicó que contaban con un plazo
improrrogable hasta el 12 de mayo de 2008 para que presentaran las alegaciones
escritas que estimaren pertinentes. El 7 de mayo de 2008 el Estado remitió un nuevo
oficio con la “confirmación de la posición estatal respecto a la orden de constitución de
un tribunal arbitral”. El 9 de mayo de 2008 la Corte remitió dicho oficio a la Comisión y
a los representantes, prorrogando hasta el 23 de mayo de 2008 el plazo para
presentar sus observaciones a la demanda de interpretación.
6.
El 23 de mayo de 2008 los representantes y la Comisión presentaron las
referidas alegaciones escritas.
II
Competencia y Composición de la Corte
Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170.
3

La Secretaría también informó al Estado que daría trámite a la demanda de interpretación una vez
que venciera el plazo con el que contaban la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los
representantes de las víctimas para presentar sus respectivas demandas de interpretación.

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