Nacional una iniciativa de ley especial para regular la pérdida de la nacionalidad nicaragüense en los términos del referido artículo 21 de la Constitución Política. 9. Aunado a lo anterior, indicaron que el 14 de febrero de 2023 el licenciado M.J.R.P. presentó ante el Complejo Judicial Central de Managua un escrito de acusación fiscal en contra de 94 personas, dentro de las cuales se encontraban los beneficiarios Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del CENIDH, y Guillermo Gonzalo Carrión. De acuerdo con lo indicado por los representantes, los beneficiarios fueron condenados por el Tribunal de Apelaciones de Managua un día después, el 15 de febrero de 2023, por “delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en concurso real con el delito de propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación”. Dichas personas habrían sido acusadas como traidoras a la patria, de conformidad con lo prescrito en la Ley No. 105518. Asimismo, señalaron que se impusieron penas accesorias a los referidos beneficiarios consistentes en la pérdida de sus derechos ciudadanos y la inhabilitación absoluta y especial para ejercer cargos públicos y de elección popular. Indicaron que en la referida sentencia también se ordenó “la pérdida de la nacionalidad nicaragüense” y la “inmovilización y decomiso a favor del Estado de Nicaragua de todos los bienes inmuebles y sociedades que los procesados tengan inscritas a su favor, ya sea a título personal o de personas jurídicas o sociedades en las que participan como socios”. 10. Adicionalmente, señalaron que los beneficiarios nunca fueron informados de la existencia del proceso incoado en su contra o citados para asistir a ningún acto procesal vinculado a las acusaciones. Indicaron que las penas fueron impuestas a los beneficiarios sin que pudieran conocer “los fundamentos jurídicos y fácticos que motivaron la imposición de las mismas”. También informaron que los beneficiarios han sido declarados “prófugos”, por lo que corren el riesgo “extremo” de ser “capturados y privados de libertad”. 11. Los representantes también informaron que el 11 de mayo de 2023, el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial perteneciente a la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua emitió una resolución mediante la cual resolvió “suspender, de forma definitiva, el ejercicio de la profesión y anular los títulos de abogados” de Vilma Núñez Ruíz de Escorcia y Guillermo Gonzalo Carrión Maradiaga. Los representantes indicaron que la medida adoptada se habría llevado a cabo sin la existencia de un procedimiento previo que fuera “respetuoso de las garantías judiciales” y “que permitiera algún tipo de defensa”. 12. Añadieron que el beneficiario Juan Carlos Arce Campos habría sido objeto de hostigamientos a través de WhatsApp y Facebook. En particular, el señor Arce Campos se encontraría impedido de hacer uso de la red social “Facebook” debido a que sus 59 publicaciones sobre denuncias de violaciones de derechos humanos en el país habrían sido reportadas o denunciadas ante la plataforma como “publicaciones inapropiadas”. 13. Finalmente, argumentaron que “la arbitrariedad e ilegalidad” del proceso judicial seguido contra Vilma Núñez Ruíz de Escorcia y Guillermo Gonzalo Carrión Maradiaga acrecientan “exponencialmente” el riesgo de sufrir daños a sus derechos a la vida e integridad, por lo que resulta necesario que la Corte requiera al Estado que “se abstenga de realizar acciones que pongan en riesgo la vida e integridad de los beneficiarios de las presentes medidas”. A lo anterior se sumaría el “desacato absoluto” de lo ordenado por la Corte en las presentes medidas provisionales, lo cual constituiría un “riesgo adicional” para las personas beneficiarias. Ley N°. 1055. Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz. 21 de diciembre de 2020. 18 6