9 Secretaría de 24 de mayo de 2010 (supra Visto 8). En esta comunicación la Comisión Interamericana señaló que: a) “toma[ba] muy en consideración [sic] la nota de la CIJP [que se adjuntó como anexo] de 29 de mayo de 2010 mediante la cual da respuesta detallada al requerimiento del Tribunal”. La Comisión “reitera[ba] lo manifestado en su solicitud de medidas provisionales, así como en su nota de 4 de mayo de 2010 [supra Visto 6]”, y manifestó que “sin perjuicio de lo anterior” sólo “deseaba resaltar algunos puntos”; b) según lo informado por la CIJP, ésta cuenta con “equipos permanentes en terreno (Bajo Atrato, Putumayo, Buenaventura, Meta y Cauca)”, así como con los equipos: “jurídico, psicosocial, de comunicaciones, administrativo y de coordinación con sede principal en Bogotá”, y que estos equipos acompañan permanentemente a los equipos en terreno. Específicamente, la Comisión señaló que “[e]n total, 56 individuos integran la [CIJP]”. Al respecto, anexó una lista con los nombres y los “equipos” a los cuales pertenecen dichas personas; c) la situación de amenazas y seguimientos contra la organización se ha trasladado a la sede principal de Bogotá, lo que hace previsible “la concreción de un ataque contra su sede o contra sus miembros en dicha ciudad”. El equipo jurídico y coordinador “adelanta acciones de denuncia y de exigencia a nivel nacional e internacional” y “son el referente visible de la labor de la organización”. Las denuncias realizadas por la CIJP han “desatado una cadena de persecución y hostigamientos en contra de [sus] miembros […] que se ha concretado en secuestros, planes de desaparición, amenazas contra la vida e integridad y judicializaciones de varios de sus miembros, así como una campaña de desprestigio y estigmatización”. La “composición y forma de trabajo de la [CIJP], incluida la labor de acompañamiento en zonas de alta conflictividad, así como la identificación estigmatizada de dicha organización como contraria al gobierno y a los paramilitares, hacen que se encuentren en una situación de alto riesgo”. En algunas ocasiones “[las] amenazas se han dirigido hacia algunos miembros particulares de dicha organización, tales como Danilo Rueda, Abilio Peña, el Padre Alberto y Jimy Jansasoy [sic], así como contra los miembros del equipo del Bajo Atrato, Debeiba, Naya y Putumayo”. De esta forma, “si bien algunos de los miembros de la [CIJP] tienen un nivel extraordinario de riesgo, los demás miembros de la organización tienen también un riesgo elevado en sí mismo”. La “campaña de estigmatización, las amenazas, las actividades de inteligencia ofensiva realizadas por el DAS, los ataques públicos realizados por funcionarios del Estado [… y] los planes para atentar contra la organización”, la mayoría de las veces son dirigidos “en contra de la [CIJP] como organización”. Las investigaciones relacionadas con los hechos que dieron origen a las mediadas cautelares y a la solicitud de estas medidas “no avanzan”, mientras que “los esquemas de protección no se han implementado efectivamente”, y d) se refería al “contexto geográfico en el cual los miembros de la [CIJP] hacen su trabajo, [a]l contexto político en cuanto a los señalamientos en su contra, [a]l contexto de hostigamiento en cuanto a los seguimientos, vigilancia e informes del DAS respecto de sus labores, [y a]l contexto de presunta desprotección en cuanto a la falta de medidas efectivas de protección y la falta de investigación […]”, en virtud de lo cual la Comisión reiteraba su solicitud de medidas provisionales.