46. Posteriormente, el Estado informó que a partir del año 2006 las personas que eran atendidas por Médicos Sin Fronteras estaban siendo traspasadas a los fondos del Ministerio de Salud. Indicó que la permanencia de Médicos Sin Fronteras respondía a una planificación consensuada con dicho Ministerio. 47. Señaló que para el año 2006 el presupuesto asignado para el Programa Nacional de SIDA se incrementó de 10 millones a 20 millones de quetzales. Indicó que “este incremento muestra no sólo una buena voluntad, sino una acción concreta de compromiso financiero en mejorar, descentralizar y fortalecer las acciones tanto de prevención como de atención en el país”. 48. En relación con las presuntas víctimas, el Estado informó que entre los años 2006 y 2007 fueron transferidas a las unidades de atención públicas a fin de continuar con su tratamiento. Reconoció que en un primer momento existió un desabastecimiento de algunos medicamentos pero que se crearon estrategias para remediar la situación. Asimismo, reconoció que luego de la transferencia de pacientes, las personas debían ir a la ciudad de Guatemala para recibir su tratamiento. Indicó que eventualmente se crearon unidades en distintas zonas del país a fin de brindar el servicio de atención a las personas con VIH/SIDA. 49. Asimismo, señaló que cuenta con el apoyo del proyecto del Fondo Mundial “Intensificación de las acciones de prevención y atención integral del VIH/SIDA en grupos vulnerables y otras áreas prioritarias de Guatemala”. Sostuvo que a partir de ello se ha aumentado la cobertura de atención y tratamiento de las personas con VIH/SIDA en el país. Indicó que a partir de los años 2006 y 2007 se está cubriendo a todas las personas que viven con VIH/SIDA que cumplen con los criterios clínicos para iniciar tratamiento antirretroviral y que acuden a las clínicas de atención. 50. En su escrito de febrero de 2012 el Estado presentó información individualizada sobre el tratamiento seguido a la mayoría de las presuntas víctimas, en particular las citas programadas y las visitas efectuadas. Señaló que “a pesar de las dificultades encontradas para compra y suministro de antirretrovirales” las presuntas víctimas no han dejado de recibir tratamiento. Agregó en su escrito de noviembre de 2012 que las presuntas víctimas reciben medicamento antirretroviral así como los servicios, análisis y controles que demanda la infección que padecen. 51. Respecto de las presuntas víctimas sobre las cuales no presentó información, el Estado indicó que las unidades donde son atendidas se negaron a informar cómo se les brinda atención argumentando la confidencialidad de los casos. Sostuvo que uno de los peticionarios, el doctor Arathoon, es el titular de la clínica familiar “Luis Angel García/Hospital General San Juan de Dios”, centro donde tres presuntas víctimas reciben atención y que no han enviado información bajo el argumento de la confidencialidad de los registros. 52. Asimismo, sostuvo en su escrito de noviembre de 2012 que existen casos de presuntas víctimas que no habrían acudido a sus citas en los centros de salud. Agregó que algunas de las presuntas víctimas son irregulares en la asistencia a las citas que se programan, perjudicando su estado de salud, “lo que en definitiva escapa a la voluntad del Estado de prestar los servicios e insumos médicos de forma oportuna”. 53. Frente a la información de los peticionarios sobre la falta de atención adecuada a las presuntas víctimas así como sobre el deterioro de su estado de salud, el Estado indicó que se debe verificar dicha información “ya que no evidencia la fuente ni el estado de salud en la última fecha en que los pacientes infectados por el VIH/SIDA visitaron el servicio de salud”. Añadió que “si bien es cierto en el curso de la infección se habrán pasado dificultades, lo importante en este caso y a lo largo de estos 6 años es el bienestar actual de cada persona como consecuencia de la atención brindada”. 54. En relación con la muerte de ocho presuntas víctimas, el Estado sostuvo que “no hay evidencia clara que se haya debido a la no disponibilidad de brindarles tratamiento antirretroviral por parte del Ministerio de Salud, ya que en algunos cursaban una infección oportunista”. Sostuvo que deberá verificar si las muertes se debieron a la falta de atención y tratamiento de parte del Estado, a circunstancias ajenas a la infección o como consecuencia de la negativa a buscar la atención necesaria. Sobre este último punto indicó que en los registros de los centros de atención aparece que algunas personas abandonaron su tratamiento. 8