40 responsable, la presunta víctima o sus familiares no utilizaron la acción que se establece para la reparación civil, como fue lo que sucedió en el caso concreto”. B. Argumentos de las partes y de la Comisión sobre el artículo 5 de la Convención B.1 Argumentos de la Comisión 128. La Comisión consideró que la madre, el padre y los hermanos del adolescente José Luis García Ibarra padecieron un profundo sufrimiento por la ejecución extrajudicial de su ser querido, incrementado con los años en que se dilató excesivamente el proceso penal, sin que al final se pudiera esclarecer lo sucedido. Destacó el sufrimiento padecido por su madre, quien en calidad de testigo presencial, pudo ver desde su casa el momento en que su hijo recibió el disparo que causó su muerte. Concluyó que el Estado violó el artículo 5 de la Convención, en relación con el 1.1 del mismo, en perjuicio de los familiares. B.2 Alegatos de los representantes 129. El representante alegó que, para los familiares de José Luis García Ibarra, “la noche del 15 de septiembre de 1992 [había sido] el inicio de un proceso muy doloroso que se [mantenía] hasta la fecha”. El asesinato del joven llevó a la familia a la búsqueda de justicia, por lo que “sus padres se dedicaron a la contratación de un abogado que asum[iera] la defensa de su caso, a la obtención de recursos económicos para sufragar los costos procesales y a la obtención de pruebas que permit[ieran] la sanción del responsable a más de estar durante años todo el tiempo pendientes del desarrollo del proceso, exigiendo celeridad y estar presentes en las diligencias señaladas por los jueces, lo que llevó a que se despreocup[aran] del cuidado y desarrollo de sus otros hijos”. Además sostiene que “los [hermanos] más grandes debieron asumir las tareas del hogar y preocuparse de cuidar y alimentar a los más pequeños, por lo que incluso debieron descuidar su educación y buscar cómo ayudar económicamente a sus padres”. A ello agrega que a ese dolor se sumó el hecho de que el acusado apenas fuera condenado a 18 meses, luego de lo cual “lo veían vistiendo el uniforme policial como si nada hubiera hecho, por lo que para ellos no hubo justicia”. Por ello, solicitaron a la Corte que declare la responsabilidad internacional del Estado en perjuicio de los familiares de José Luis García Ibarra por violación del artículo 5 de la Convención. B.3 Alegatos del Estado 130. El Estado señaló que su obligación “se expresa dentro de la existencia de recursos efectivos que no supongan un peso extra para el sufrimiento y angustia por el que atraviesan los familiares, que permiten de algún modo, obtener resultados concretos en la investigación, como lo es la sanción proporcional al agente estatal presuntamente involucrado en los hechos”. El Estado sostuvo que el proceso penal contenía recursos efectivos e idóneos, que no supusieron directamente la mitigación del sufrimiento de los familiares de la presunta víctima, pero sí permitieron una investigación efectiva y una sanción proporcional al potencial daño causado. Derivado de lo anterior, el Estado sostuvo que los familiares de la presunta víctima utilizaron los medios procesales adecuados para alcanzar una investigación procesal razonable y efectiva que permitió la sanción del policía, permitiendo que el derecho de las víctimas sea alcanzable dentro del sistema procesal penal ecuatoriano. Asimismo, consideró que, si bien se enteraron inmediatamente del suceso, con la misma inmediatez requirieron de las autoridades competentes su intervención. En sus alegatos finales, el Estado planteó que su actuación se inserta en el parámetro interamericano, pues los familiares han tenido amplias oportunidades para participar y ser escuchados en el esclarecimiento de los hechos, la sanción de los responsables y la búsqueda de una justa compensación. Resaltó que se desistieron de la acusación particular, por haber llegado a un acuerdo económico con el acusado y, aunque considera la situación de los familiares como compleja y dolorosa por el padecimiento que