los hechos debatidos en el caso se encuentran comprendidos dentro de la competencia temporal del Tribunal. La Comisión ha designado a la Comisionada Dinah Shelton y al Secretario Ejecutivo de la CIDH, Santiago A. Canton, como sus delegados. Asimismo, Elizabeth Abi-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta, así como Karla I. Quintana Osuna, Isabel Madariaga y Fiorella Melzi, actuarán como asesoras legales. De conformidad con el artículo 35 del Reglamento de la Corte Interamericana, la Comisión adjunta copia del Informe de Fondo No. 170/11 y sus anexos, elaborado en observancia del artículo 50 de la Convención, así como copia de la totalidad del expediente ante la Comisión Interamericana (Apéndice I) y los documentos utilizados en la elaboración del citado informe (Anexos). El informe fue notificado al Estado mediante comunicación de 3 de enero de 2012. Mediante comunicación de 13 de marzo de 2012, Guatemala presentó un informe sobre el avance de las recomendaciones y solicitó a la CIDH que concediera una prórroga de un mes para cumplir con las recomendaciones adoptadas por la Comisión en su Informe. El 23 de marzo de 2012 remitió una nota mediante la cual renunció expresamente a alegar el plazo establecido en el artículo 51.1 de la Convención Americana ante la Corte a efectos de un eventual sometimiento ante la Corte. La Comisión otorgó la prórroga de un mes, y solicitó al Estado que presentara un informe sobre cumplimiento de recomendaciones el 25 de marzo de 2012. Guatemala no presentó su informe. El 2 de mayo de 2012 las peticionarias informaron a la Comisión Interamericana que el 30 de marzo de 2012 el Estado habría propuesto a la señora Franco Sandoval suscribir un acuerdo de solución amistosa, ante lo cual respondieron el 19 de abril de 2012, destacando que “ante el carácter general de la nota estatal -que no plantea ninguna propuesta concreta para dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la Ilustre Comisión”, así como ante la “considerable demora en materia de justicia”, las peticionarias “no considera[ban] oportuno firmar un acuerdo de cumplimiento de recomendaciones”. En su respuesta a la Comisión sobre el Informe de Fondo, el Estado presentó información en relación con el proceso de investigación de los hechos de muerte de María Isabel Franco y relativa a la obligación del Estado de atender los casos de violencia contra las mujeres en general, a través de su fortalecimiento institucional para combatir la impunidad frente a los casos de violencia contra la mujer y de la realización de investigaciones criminales efectivas con perspectiva de género. Asimismo informó que habría implementado una política estatal integral y coordinada respaldada con recursos públicos adecuados para garantizar que dichos casos sean adecuadamente prevenidos, investigados, sancionados y reparados. En relación con la investigación de los hechos del caso –primera recomendación– informó sobre varias diligencias, relacionadas con: la reiteración de solicitud de la prueba de ADN de una persona bajo investigación, así como la recopilación de datos e informes relacionados con dicho individuo y con tres personas vinculadas a la investigación. Además, se habría realizado la ampliación de necropsia de María Isabel Véliz Franco. Finalmente, manifestó que el Ministerio Público habría manifestado que el presente caso “ha tenido constante diligenciamiento y que la ley procesal no estipula plazo para cumplir con las investigaciones por lo que continuará abierto para realizar las investigaciones necesarias”. Sin especificar a qué recomendación hacía referencia, Guatemala presentó información general sobre políticas públicas que podrían referirse, de forma genérica, a las recomendaciones tercera, sexta, séptima y octava. En ese sentido informó lo siguiente: i) creación de la mesa de trabajo denominada fuerza de tarea especializada contra el feminicidio en enero de 2012, destinada a analizar las líneas de investigación en delitos de feminicidio; ii) ampliación del presupuesto de la Comisión Presidencial contra el feminicidos en febrero de 2012 para fortalecer las acciones de dicha Comisión en la prevención del asesinato de mujeres en Guatemala; iii) creación, en febrero de 2012, de dos nuevos juzgados y tribunales con competencia en feminicidio y otras formas de violencia contra la mujer; iv) existencia de coordinación interinstitucional para la implementación de las políticas en tema de prevención y atención a la víctima. 2