17 72. Debido a su ubicación geográfica, la Comuna 13 se había constituido en un epicentro de actividades para los grupos armados al margen de la ley para la fecha de los hechos materia de este asunto. Esto se debe a los corredores que comunican sus laderas con algunos municipios del nordeste, los cuales cuentan con una fuerte presencia de grupos terroristas rurales que necesitan de víveres y municiones, así como vías de ingreso y salida al Valle del Aburrá. Señala que desde los comienzos de los años noventa, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) establecieron grupos de milicias en la Comuna 13 desplegando acciones delictivas inter alia homicidios, terrorismo, limitación a las libertades individuales, y extorsiones. Asimismo, el Estado indica que a partir del 1999, grupos de autodefensas ilegales iniciaron su penetración a las áreas periféricas de la Comuna 13 con el fin de enfrentar directamente a los grupos de milicias, lo cual intensificó las actividades delincuenciales. El Estado a su vez aduce que pese a los esfuerzos emprendidos a fin de lograr la recuperación de la normalidad y plena vigencia de la autoridad del Estado y de los avances alcanzados, el proceso en dicha Comuna no ha dejado de ser complejo. 73. Además de los delitos mencionados, el Estado presenta información ante la CIDH de cómo durante los años 2000-2002, en innumerables oportunidades patrullas de la policía y el ejército fueron atacadas resultando en la muerte o heridas de sus integrantes. De igual manera, fueron atacados con armas de fuego funcionarios de la Fiscalía, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, e incluso operarios de las empresas de servicios públicos y servidores de la salud eran constantemente hostigados. 74. El Estado sostiene que la situación extrema del conflicto en la zona Centro-Occidental de Medellín, aumentó el fenómeno del desplazamiento forzado como consecuencia de los enfrentamientos entre la guerrilla y las autodefensas por la disputa territorial dirigida contra la población civil. Informa a la CIDH sobre la quema de algunas viviendas ubicadas en las laderas de la Comuna Trece y el incremento de homicidios de carácter individual y múltiple en distintos sectores, siendo víctimas personas de todas las edades y condiciones sociales. Señala como los grupos armados ilegales extendieron sus amenazas de muerte contra personas al margen del conflicto, mediante llamadas telefónicas, amenazas directas, y el envío de correos, en donde daban un plazo inmediato a la víctima para que abandonara su residencia. El Estado también informa sobre incidentes en donde se obligaban a personas a desocupar sus casas para apoderarse de ellas, con miras a activar los centros de operaciones delictivas, crear trincheras y socavones para mantener a las personas secuestradas. 75. Esta situación llevó a que el Estado intensificara sus operaciones con el fin de recuperar el orden en la Comuna 13. Estas incluyeron las Operaciones Mariscal, Orión, Potestad, y Antorcha, entre otras. La implementación de estos operativos fue parte de un Plan de Recuperación social, cuya primera fase consistió en la recuperación del control de la Comuna 13, para posteriormente lograr la consolidación social con la presencia del Estado, con miras a mejorar las condiciones económicas de las Comunas. 76. Sobre la Operación Orión en particular – desarrollada entre el 16 y 20 octubre del 2002 – el Estado describe en sus observaciones sus objetivos: La operación consiste en efectuar una operación militar continuada (72 horas) de ocupación, registro ofensivo, control militar y consolidación en apoyo a la Policía Nacional, DAS, CTI, Fiscalía y demás organismos de seguridad del Estado contra las diferentes organizaciones armadas al margen de la ley (OAML), que delinquen en el área general de la Comuna 13 de la ciudad de