9 Mosquera”13. Mediante resolución de 4 de marzo de 2011 la Corte otorgó la ampliación solicitada, destacando la situación de riesgo en perjuicio de los propuestos beneficiarios, y su preocupación por la presunta participación de agentes estatales en los mismos. III. POSICIONES DE LAS PARTES A. Posición de los peticionarios Contexto 34. Los peticionarios presentan una serie de alegaciones pertinentes a la situación socioeconómica en la Comuna 13 de la ciudad de la Medellín, el enfrentamiento histórico entre distintos actores armados en la zona, y los operativos militares que tomaron lugar en dicha localidad durante el 2002. Indican que la Comuna 13 está conformada por 22 barrios, en donde la gran mayoría de las familias sobrevive con ingresos por debajo del salario mínimo legal. Dichas condiciones, sumadas a la falta de políticas estatales orientadas a resolver la situación en forma efectiva, llevaron a los barrios de la Comuna a convertirse en un ambiente propicio para el surgimiento de diversas formas de organización ilegal, tales como milicias con y sin influencias de la guerrilla, comandos armados del pueblo, y bandas de delincuencia común. 35. Sostienen que, en respuesta al surgimiento de estos grupos, durante el año 2002 se llevaron a cabo varias operaciones militares conjuntas en la Comuna 13 de la ciudad de Medellín. Entre ellas, el 21 de mayo de 2002 se llevó a cabo la denominada “Operación Mariscal”; en junio se llevó a cabo la denominada “Operación Potestad”; en agosto la “Operación Antorcha”; y en octubre la “Operación Orión”. Los peticionarios alegan que en estos operativos participaron de manera conjunta miembros del Ejército Nacional, pertenecientes a la Cuarta Brigada; la Policía Nacional, adscritos al Comando de Policía de Antioquia; del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS); de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC); del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI); y de la Fiscalía General de la Nación. 36. Según los peticionarios, paralelo a los operativos mencionados, en la Comuna 13 se venía produciendo también una disputa por el territorio entre la guerrilla y miembros de las autodefensas pertenecientes al Bloque Cacique Nutibara y al Bloque Metro, la cual llegaría a su fin justo con la Operación Orión. Describen que la Operación Orión fue la más grande operación militar conjunta realizada sobre la ciudad en la década pasada, en la que cerca de 1.000 hombres del ejército, la policía, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía (CIT), apoyados por fuerza aérea y usando armas de largo alcance, avanzaron sobre la Comuna 13, con el objetivo de asegurar la zona de forma definitiva y garantizar condiciones para ubicar a los hombres del primer Bloque narco-paramilitar que se desmovilizaría como resultado del proceso de negociaciones con las AUC. Alegan entonces que en la conciencia de la mayoría de los habitantes de la Comuna 13, queda la sensación de que dicha operación permitió el control y la consolidación de los paramilitares en este sector. La presencia de la fuerza pública en la zona no resultó en la protección y la garantía de los derechos humanos de la población, sino que legitimó y permitió las acciones ilegales que cometían los grupos paramilitares presentes en la Comuna 13. 13 Véase, CIDH, Solicitud de Ampliación de Medidas Provisionales a la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos en Relación con el Asunto Mery Naranjo y Otros – Comuna 13, Colombia, 3 de marzo de 2011, párr. 2.