que su Sentencia constituía por sí misma una forma de reparación y, adicionalmente, ordenó
al Estado la adopción de medidas de reparación (infra Considerando 1).
2.
Las dos Resoluciones de supervisión de cumplimiento de Sentencia emitidas por la
Corte en el 20186, así como las dos Resoluciones de medidas provisionales y supervisión de
cumplimiento de Sentencias emitidas por el Tribunal en el 20197.
3.

Los informes presentados por el Estado entre agosto de 2017 y agosto de 2021.

4.
Los escritos de observaciones presentados por las representantes de las víctimas8 (en
adelante “las representantes”) entre junio 2017 y septiembre de 2021, mediante los cuales
se refirieron al cumplimiento de la Sentencia y presentaron observaciones a los informes
estatales (supra Visto 3).
5.
El escrito de observaciones presentado por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) el 15 de mayo de 2018.
6.
La audiencia privada sobre supervisión de cumplimiento de la Sentencia, celebrada de
manera virtual el 23 de abril de 2021 durante el 141 Período Ordinario de Sesiones de la
Corte Interamericana9.

artículos 8 y 25 de la Convención, ya que ‘la averiguación […] hasta ahora no ha presentado resultados positivos’.
No especificó en perjuicio de quiénes reconocía dicha violación” y, por lo tanto, el Tribunal “decid[ió] aceptar el
reconocimiento parcial de responsabilidad formulado por el Estado, en [el] sentido que violó los artículos 8 y 25 de
la Convención Americana”, no obstante, “not[ó] que subsist[ía] la controversia en cuanto al alcance de dichas
violaciones, así como en cuanto a quiénes fueron las personas perjudicadas por las mismas. También subsist[ía] la
controversia en cuanto a las violaciones de los derechos establecidos en los artículos 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 16, 17,
19, 21, 22, 23 y 24 de la Convención Americana, en relación [a]l artículo 1.1 de la misma; del artículo I de la
Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, y del artículo 7 de la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, alegadas por la Comisión y/o los representantes”.
Asimismo, la Corte consideró “que, ante la Comisión Interamericana, el Estado reconoció aquellos hechos
comprobados ‘mediante los expedientes abiertos ante las instituciones de justicia nacional’ y que se encuentran
documentados en el Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. Asimismo, en su contestación, el
Estado no negó los hechos de este caso, ni su obligación de ‘resarcir a las víctimas’, sin embargo, opuso una excepción
preliminar ratione temporis, alegando que la Corte carec[ía] de competencia para conocer de los mismos”. En virtud
de lo anterior, la Corte “consider[ó] aceptados los hechos del caso”. Cfr. Caso Miembros de la Aldea Chichupac y
comunidades vecinas del Municipio de Rabinal Vs. Guatemala, supra nota 1, párrs. 55 a 58.
6
Cfr. Caso Miembros de la Aldea Chichupac y comunidades vecinas del Municipio de Rabinal Vs. Guatemala.
Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 5 de
febrero de 2018. Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/aldeachichupac_05_02_18.pdf, y
Caso Miembros de la Aldea Chichupac y comunidades vecinas del Municipio de Rabinal Vs. Guatemala. Supervisión
de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 21 de noviembre de
2018. Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/aldeachichupac_21_11_18.pdf.
7
En la Resolución de la Corte de 12 de marzo de 2019, respecto de la Sentencias dictadas por este Tribunal en
14 casos contra Guatemala, incluido el presente caso, se requirió al Estado: (i) “que adopte, de manera inmediata,
las medidas de protección que sean necesarias y efectivas para garantizar la vida e integridad personal de las nueve
víctimas del caso de los Miembros de la Aldea Chichupac y comunidades vecinas del Municipio de Rabinal que figuran
como agraviadas en la causa judicial identificada con el número 15002-2014-00315”, y que (ii) “para garantizar el
derecho al acceso a la justicia de las víctimas […] interrumpa el trámite legislativo de la iniciativa de ley 5377 que
pretende reformar la Ley de Reconciliación Nacional de 1996 concediendo una amnistía para todas las graves
violaciones cometidas durante el conflicto armado interno, y la archive”, y se le ordenó la presentación de un informe.
En la Resolución de 14 de octubre de 2019, la Corte supervisó tanto lo decidido en tal Resolución de marzo de 2019
como la información presentada al respecto. Cfr. Caso Miembros de la Aldea Chichupac y comunidades vecinas del
Municipio de Rabinal, Caso Molina Theissen y otros 12 Casos Guatemaltecos Vs. Guatemala. Medidas Provisionales y
Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 12 de
marzo de 2019. Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/aldeachichupac_12_03_19.pdf, y
Caso Miembros de la Aldea Chichupac y comunidades vecinas del Municipio de Rabinal, Caso Molina Theissen y otros
12 Casos Guatemaltecos Vs. Guatemala. Medidas Provisionales y Supervisión de Cumplimiento de Sentencia.
Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 14 de octubre de 2019. Disponible en:
https://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/chichupacyotros_13casos_14_10_19.pdf.
8
Las víctimas son representadas por la Asociación Bufete Jurídico Popular.
9
A dicha audiencia comparecieron: a) por las víctimas: los señores y las señoras Máxima Emiliana Garcia Valey
de Sic y María Dolores Itzep Manuel, de la Asociación Bufete Jurídico Popular (ABJP), Rosalina Juárez Chén de Juárez,

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