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Como se acreditó a lo largo del informe de fondo, el 27 de agosto de 2003 el
defensor de derechos humanos, Joe Luís Castillo González, fue víctima de un atentado
cometido por dos personas desconocidas que se movilizaban en una moto y que
procedieron a dispararle en repetidas oportunidades mientras él se encontraba
conduciendo su automóvil en compañía de su familia. Como consecuencia de este
atentado, Joe Luís Castillo González perdió la vida, mientras que su esposa, Yelizte
Moreno de Castillo, y su hijo de un año y medio de edad, Luís César Castillo Moreno,
resultaron gravemente heridos y a la fecha continúan sufriendo los efectos traumáticos
de estos hechos.
El atentado contra Joe Luís Castillo González permanece en la impunidad, pues
el Estado no llevó a cabo investigaciones serias y efectivas para identificar a los
responsables y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan. La investigación
iniciada con ocasión a estos hechos tuvo serias irregularidades y fue archivada por el
Ministerio Público sin que se practicaran diligencias tendientes a esclarecer los hechos
de acuerdo con líneas lógicas de investigación. La Comisión dio por probado que en la
investigación aparecieron indicios de presunta connivencia y/o participación de agentes
estatales en el atentado de Joe Luís Castillo González, indicios que fueron desechados
sin agotar las respectivas investigaciones.
Esta falta de investigación seria y efectiva, además de constituir un
incumplimiento del deber de garantía de las violaciones del derecho a la vida y a la
integridad personal, y una denegación de justicia respecto de los familiares del señor
Joe Luís Castillo González, tuvo un efecto amedrentador contra quienes hacen de su
función la defensa de los derechos humanos en la zona de Machiques, Estado Zulia y,
particularmente, en el Vicariato Apostólico.
La Comisión Interamericana somete a la jurisdicción de la Corte la totalidad de
los hechos y violaciones de derechos humanos descritos en el informe de fondo 120/10
y solicita a la Corte que concluya y declare la responsabilidad internacional del Estado
de Venezuela por:
a)

La violación del derecho a la vida consagrado en el artículo 4(1) de la
Convención Americana en conexión con el artículo 1(1) del mismo Tratado
en perjuicio de Joe Luis Castillo González.

b) La violación de las garantías judiciales y la protección judicial consagradas en
los artículos 8(1) y 25(1) de la Convención Americana en conexión con el
artículo 1(1) del mismo Tratado en perjuicio de Yelitze Moreno de Castillo,
Luis César Castillo Moreno, Yolanda González, Jaime Castillo, Jaime Castillo
González y Julijay Castillo González.
c)

La violación del derecho a la integridad personal consagrado en el artículo
5(1) de la Convención Americana en conexión con el artículo 1(1) del mismo
Tratado en perjuicio de Yelitze Moreno de Castillo, Yolanda González, Jaime
Castillo, Jaime Castillo González y Julijay Castillo González.

d) La violación del derecho a la integridad personal y los derechos del niño
consagrados en los artículos 5(1) y 19 de la Convención Americana en
conexión con el artículo 1(1) del mismo Tratado en perjuicio del niño Luis
César Castillo Moreno.

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