los hechos35. 50. Las víctimas de la violencia policial descripta consistían mayormente en hombres jóvenes en condición de pobreza36. El perito Alston afirmó que “el hecho de ser joven hace que la situación de pobreza se agrave”, y que se incrementen las posibilidades de maltrato por parte de autoridades 37. En forma similar, el perito Briceño León aseveró que “[e]n Venezuela la violencia se ha ensañado con un segmento particular de la población: los hombres jóvenes en situación de pobreza” 38. En la declaración ya citada el perito Alston efectuó manifestaciones concordantes, indicando la estigmatización padecida por las personas pertenecientes al sector de la población aludido, como presuntamente vinculadas a actividades delictivas. 51. En ese sentido, el informe de la Defensoría del Pueblo antes citado (supra párr. 49) señala que “[e]l 99% de las víctimas [fueron] de sexo masculino”, y que el 77% fueron menores de 28 años de edad. El mismo documento agrega que “[l]a mayoría de los ajusticiamientos ocurren en zonas urbanas de escasos recursos”. También advirtió que en 2003 había aumentado, respecto del año anterior, el número de denuncias de “muertes por ejecuciones”, y que la policía del estado Falcón fue la segunda más denunciada del país39. En 2003, el Defensor del Pueblo expresó “gran preocupación por el exagerado incremento de denuncias de abuso policial en el Estado [Falcón]”, y durante República Bolivariana de Venezuela. Poder Ciudadano. Defensoría del Pueblo. Anuario 2003. Derechos Humanos en Venezuela (expediente de prueba, anexo 3.J al escrito de solicitudes y argumentos, fs. 2594 a 2773). 35 La Comisión, en su Informe de Fondo, indicó que las víctimas de ejecuciones extrajudiciales cometidas por la policía en la época de los hechos del caso pertenecían a los “sectores” más “humildes” o “vulnerables” en el aspecto “socio-económicos”. Indicó también que las víctimas del estado Falcón eran hombres jóvenes. El Estado ha aceptado estos señalamientos de hecho (supra párrs. 8, 14, 20, 21 y 31). Los representantes expresaron, en una afirmación no controvertida por el Estado, que “[l]os abusos y ejecuciones extrajudiciales cometidos por las fuerzas policiales en Venezuela tienen como víctimas directas, en su mayoría, a hombres jóvenes pertenecientes a los sectores sociales económicamente más vulnerables”. En sustento de tal aseveración citaron un documento de 2003, emitido por la Comisión Interamericana, que indica que “[u]na de las situaciones más serias que han incidido sobre el derecho a la vida durante los últimos años ha sido el fenómeno de la limpieza social”, y que “los asesinatos son perpetrados por grupos parapoliciales que cuentan con la participación de miembros de los distintos cuerpos policiales estatales y de miembros de la Guardia Nacional. Asimismo, estos asesinatos ocurren dentro de patrones determinados en relación con las características de las víctimas y al modus operandi de la ejecución. En primer término, en la generalidad de los casos se trata de asesinatos de jóvenes de muy escasos recursos, con antecedentes penales, a quienes se les extorsiona exigiéndoles grandes cantidades de dinero y se les asesina cuando no pueden cumplir los pagos exigidos. […] Es frecuente, además, que a las víctimas se les elaboren previamente falsos antecedentes policiales para justificar la agresión. Asimismo, los familiares y los testigos a menudo son también perseguidos y hostigados para que no denuncien a los agresores. Lo mismo sucede con jueces y fiscales”. (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, OEA/Ser.L/V/II.118, 24 octubre 2003, párrs. 321, 331 y 332 (expediente de prueba, anexo 4.E al escrito de solicitudes y argumentos, fs. 9673 a 9686) Los representantes allegaron una versión incompleta del documento, pero el mismo puede consultarse en forma íntegra en internet: http://www.cidh.org/countryrep/Venezuela2003sp/indice.htm). 36 En ese sentido, señaló que “[e]s más probable que las personas en situación de pobreza reciban oportunidades educativas muy reducidas y que estén expuestos a altos niveles de desempleo. Hay múltiples ejemplos de situaciones en que las autoridades públicas han tratado a los jóvenes que no han alcanzado altos niveles de educación como si no tuvieran nada que aportar a la sociedad y pudieran incluso considerarse desechables” (declaración pericial de Philip Alston (expediente de prueba, fs. 11542 a 11567)). 37 38 Declaración pericial de Roberto Briceño León. República Bolivariana de Venezuela. Poder Ciudadano. Defensoría del Pueblo. Anuario 2003. Derechos Humanos en Venezuela. El documento da cuenta de 40 denuncias durante 2003 contra la policía del estado Falcón por ejecuciones extrajudiciales. 39 16