4 mantener al detenido a salvo y en razón de que de diversos medios de prueba se apreciaba que los golpes no pudieron ser causados por la propia presunta víctima. 16. Respecto a los hechos e investigaciones penales seguidas de forma posterior a la muerte de la presunta víctima, los peticionarios afirmaron que el hermano de la presunta víctima, Ángel Acosta Martínez, al tratar de reconocer su cadáver, fue interrogado por diversos agentes policiales a efecto de conocer si José Delfín Acosta Martínez tenía antecedentes epilépticos o conductas adictivas; que Ángel Acosta Martínez observó que el cuerpo presentaba numerosas marcas de golpes imposibles de habérselos inflingido él mismo; que la policía nunca devolvió a Ángel Acosta Martínez las llaves del departamento donde vivían ambos hermanos; y que con posterioridad a la muerte de su hermano alguien entró al departamento donde vivían ambos sustrayendo efectos personales, fotografías y constancias médicas. 17. Afirmaron que el 8 de abril de 1996, Ángel Acosta Martínez ofreció una conferencia de prensa enfrente de la Comisaría No. 5 de la Policía Federal Argentina a efecto de ingresar la causa relacionada con la muerte de su hermano, y que el 9 de abril de 1996 el diario Clarín informó que la policía comunicó oficialmente que la muerte de la presunta víctima se produjo “debido a la reiterada ingesta de clorhidrato de cocaína”. Indicaron que el 8 de abril de 1996 ingresó al Poder Judicial de la Federación el sumario policial relacionado con la muerte de la presunta víctima por causas dudosas, y que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional No. 10 a cargo del juez Raúl Eduardo Irigoyen conoció la causa. 18. Afirmaron que con fecha 25 de abril de 1996, el juez Raúl Eduardo Irigoyen resolvió archivar la causa. Argumentaron que los únicos testimonios tomados en cuenta para su decisión fueron los de dos personas que reafirmaron la versión policial (Oscar Darío Almada y Luis Alberto Cordero) y que el juez desestimó injustificadamente dos testimonios de personas que afirmaron que la presunta víctima fue detenida sin causa. Señalaron que contra la decisión de archivo presentaron un recurso de apelación ante la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional para continuar con la investigación y ofrecer nuevas pruebas, y afirmaron que dicho tribunal confirmó la decisión del juez de primera instancia en el sentido de que no existía delito. 19. Los peticionarios indicaron que la familia de la presunta víctima contactó a la cancillería uruguaya y que con motivo de dichas gestiones se abrió en la República Oriental de Uruguay una causa con motivo del caso ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal No. 13, mismo que autorizó realizar una nueva autopsia cuyos resultados contradecían la versión de la Policía Federal Argentina que sostenía que la presunta víctima tuvo convulsiones y que se provocó ella misma las lesiones que le causaron su muerte. Afirmaron que conforme a la autopsia la presunta víctima sufrió diversos traumatismos, uno de ellos a nivel lumbar, otros en miembros superiores e inferiores y en el cráneo. 20. Indicaron que la madre de la presunta víctima, con base en el peritaje uruguayo, solicitó el 29 de abril de 1998 al juez Raúl Irigoyen la reapertura de la causa. Afirmaron que la causa fue reabierta el 12 de mayo de 1998 para crear una junta médica compuesta por cuatro miembros del Cuerpo Médico Forense dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Argentina a efecto de que respondiera diversas preguntas. Señalaron que la familia de la presunta víctima impugnó el informe forense en el que se contestaron las preguntas, dado que los peritos habían basado su informe en datos que surgían exclusivamente de la instrucción policial, cuando ésta había sido fuertemente cuestionada. 21. Afirmaron que con fecha 5 de agosto de 1999, encontrándose pendientes de producción numerosas pruebas requeridas por la querella, el juez Raúl Irigoyen dispuso el archivo de las actuaciones por inexistencia de delito y que dicha decisión fue notificada a los familiares de la presunta víctima el 10