6 equipo médico, medicinas y personal médico calificado para atender el elevado número de personas enfermas y con heridas; e) respecto a la requisa referida por el Estado la cual “se prolong[ó] durante los primeros días del mes de [o]ctubre”, los internos aseguraron que “arribaron al penal un (1) Tanque de Guerra y seis (6) Tanquetas. Una vez que los funcionarios ingresaron al establecimiento la población reclusa fue llevada a la parte de atrás del penal, a las áreas de las canchas donde estuvieron a la intemperie sin protección en contra del sol y la lluvia durante tres días, 12 horas cada día exceptuando el día 30 de septiembre que estuvieron desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche”. Durante ese tiempo “la población estuvo de pie”, “el agua y la comida suministrada fueron escasas y se encontraba en malas condiciones”. Asimismo, los llamados “Buggies”, espacios improvisados por la población reclusa para pernoctar y resguardar sus pertenencias, “fueron destruidos por los efectivos que realizaban inspección al interior de [éstos], decomisando las pertenencias de los internos”. En el área de los galpones o talleres, además, “fueron incendiados por los mismos funcionarios, quemando con ello las instalaciones y todas las pertenencias de los internos que allí duermen”; f) se efectuaron mesas de trabajo, con voceros de la población privada de libertad y representantes de, entre otros, el gobierno estadual, la Dirección Nacional de Servicios Penitenciarios, la Defensoría del Pueblo, la Defensoría Pública y la Fiscalía. El 18 de octubre de 2010 se celebró la segunda mesa de trabajo, donde se le negó la entrada al señor Humberto Prado como representante del Observatorio Venezolano de Prisiones. Los representantes se refirieron a lo convenido en las mesas de trabajo y sus resultados; g) sólo se realizó jornada de salud en una “única oportunidad”. Respecto a los programas educativos, los internos aseguran que hasta el 10 de noviembre de 2010 “no se ha[bía]n activado las clases”; h) las informaciones aportadas por el Estado “no aportan soluciones de fondo sobre la problemática que actualmente se vive en [la Cárcel de Tocorón]”. Es evidente el deterioro del centro por la falta del debido mantenimiento, aunado a la cantidad de población reclusa que, según el informe del Estado, es sin duda superior a la capacidad del establecimiento; además, hay una ausencia absoluta de personal debidamente calificado y formado para resguardar la seguridad de este establecimiento “con estricto apego al respeto de los derechos humanos”, y i) ante la imposibilidad de acceder en calidad de representantes de los beneficiarios a las instalaciones del centro para constatar las acciones emprendidas por el Estado, optaron por ingresar bajo la condición de visitantes comunes, sometiéndose a los procedimientos de requisas que son efectuados de la mano de la Guardia Nacional, Policía del estado de Aragua y custodios del establecimiento. Solicitaron reiterar al Estado que debe dar participación a los representantes de los beneficiarios en la planificación e implementación de las medidas.