7. Los representantes señalaron que desde sus escritos anteriores habrían manifestado que la comunidad de Santa Clara había sido objeto de ataques y amenazas y hostigamientos por parte de colonos. Asimismo, que de acuerdo con información presentada ante ellos, el 25 de septiembre de 2019 se habrían registrado nuevos ataques por parte de colonos en contra de dos personas integrantes de dicha comunidad. En uno de estos ataques, un miembro de la comunidad habría sido atrapado y agredido por el grupo de colonos, y sometido a un interrogatorio por más de 12 horas. Los representantes expresaron su “suma preocupación por estos nuevos hechos de violencia que ponen en una situación de riesgo extremadamente grave la vida e integridad personal de las y los integrantes de la comunidad beneficiaria”. 8. El Estado, en su informe sobre la solicitud de ampliación de medidas provisionales (supra visto 4), reafirmó su compromiso de continuar desarrollando los principios de la Constitución respecto al reconocimiento de las comunidades originarias y afrodescendientes a su propia identidad y la garantía de sus derechos colectivos. Asimismo, señaló que había establecido dos delegaciones policiales en la Costa Caribe Norte, con 16 puestos policiales, para garantizar la seguridad ciudadana, y expresó que, a través de la Policía y el Ejército Nacional, continuaba implementando un plan de acción para verificar e investigar los incidentes reportados, dentro del cual “se incluirán de manera específica los nuevos hechos denunciados en relación a la Comunidad de Santa Clara”. 9. De igual modo, el Estado manifestó que, respecto a los hechos concernientes a las señoras Graciela Guiermo Velásquez y Elvia Filamingo Velásquez, había entrevistado a las referidas comunitarias y al señor Camilo Ramos. Con relación a los hechos relativos a los señores Jessy Chico y Horacio Chico, el Estado señaló que había emprendido diligencias de investigación, consistentes en entrevistar al señor Jessy Chico y al señor Mauro Atimos Samuel, director del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN). En atención a los hechos vinculados con los señores Francisco Francis Donaldo, Rodas Cruz Selston, Wilson Wislau y Shaybor Velásquez Ramírez, el Estado indicó que había levantado una denuncia de oficio “a los efectos de hacer posteriores verificaciones y determinaciones que correspondan”. En tal sentido, el Estado sostuvo que, en tanto “las autoridades competentes se encuentran en proceso de investigación de las denuncias interpuestas por los comunitarios y levantadas de oficio para (…) proceder con las acciones legales correspondiente[s]”, no procede la ampliación de las medidas provisionales. Consideraciones de la Corte 10. La Corte recuerda que en este asunto se han adoptado medidas provisionales en beneficio de los integrantes de siete comunidades del Pueblo Indígena Miskitu de la región Costa Caribe Norte de Nicaragua 5. Al respecto, las comunidades que resultaron beneficiarias de la resolución de 1 de septiembre de 2016 fueron Klisnak, Wisconsin, Wiwinak, San Jerónimo y Francia Sirpi. Posteriormente, este Tribunal amplió las medidas provisionales para incluir, mediante resoluciones de 23 de noviembre de 2016, 30 de junio y 22 de agosto de 2017, a las comunidades de Esperanza Río Coco y Esperanza Río Wawa, así como a los señores Lottie Cunningham Wrem y José Medrana Coleman, a través de la resolución de 23 de agosto de 2018. 5 Cfr. Asunto Pobladores de las Comunidades del Pueblo Indígena Miskitu de la Región Costa Caribe Norte respecto de Nicaragua. Solicitud de ampliación de medidas provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 23 de agosto de 2018, Considerando 9. 4

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