12 37. Por otra parte, a partir de la emisión de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario de 2001 tuvo lugar la reforma agraria en Venezuela, la cual agudizó las tensiones entre propietarios y campesinos26 y se produjeron numerosos atentados contra los líderes campesinos27, utilizándose en ellos, entre otros, la modalidad de sicariato o asesinato a sueldo. En un artículo de prensa del año 2011 se señala, inter alia, que “[d]esde que se aprobó la Ley de Tierras, en el año 2001, ha habido más de 200 asesinatos de líderes campesinos en todo el país y precisamente en la zona del Sur del Lago han sido asesinados [aproximadamente] 60 campesinos, como consecuencia de la resistencia y lucha contra los latifundistas que usan la fuerza”28. Concretamente en la zona fronteriza, entre 2001 y 2002, habían sido asesinados al menos cinco líderes campesinos 29. 26 El perito Antonio Urribarrí manifestó que “se ha dado el caso de asesinatos de campesinos[,] especialmente por el problema de las tierras”. En relación con ello indicó que como “producto de [la] nueva ley agraria en Venezuela ha habido conflictos entre el sector ganadero y el sector campesino” (Declaración Antonio Urribarrí, supra). De acuerdo con un comunicado de PROVEA, a partir de 2002, “caus[ó] extrema preocupación la aparición organizada del sicariato con el consecuente aumento de los asesinatos de dirigentes campesinos […]”. Cfr. PROVEA, Derecho a la Tierra, 27 de septiembre de 2002 (Expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, Tomo II, Anexo 80, folio 2163). 27 El propio Estado señaló que, dentro de este marco, “[a]lgunos terratenientes venezolanos comenzaron a contratar paramilitares colombianos como sicarios para asesinar a líderes campesinos que estaban haciendo cumplir la Ley de Tierra[s]”. Cfr. Observaciones presentadas por el Estado a la Comisión, mediante comunicación de fecha 21 de enero de 2008, supra. En el mismo sentido, Cfr. Declaración de Antonio Urribarrí, supra. Además, cabe señalar que PROVEA se��aló que “[e]n varios estados del país se produjeron asesinatos de dirigentes campesinos. La modalidad de sicariato fue la más usada para actuar contra los dirigentes. Según una investigación adelantada por la Coordinadora Agraria Nacional, desde enero hasta septiembre de 2003, 20 dirigentes campesinos e indígenas fueron asesinados”. PROVEA, Derecho a la tierra, octubre 2002-septiembre 2003 (Expediente de anexos al Informe de Fondo, Anexo 8, folios 87 a 102). Asimismo, los representantes se remitieron a una nota de prensa que señaló que para el 2011 “256 dirigentes campesinos ha[bían] perdido la vida en los últimos ocho años producto del sicariato”, siendo que hasta mayo de 2011 “sólo una persona ha sido imputada por la autoría material o intelectual de estos crímenes”, y que “[s]ólo en el Sur del Lago de Maracaibo, en el estado Zulia, han ocurrido 50 de estos asesinatos de dirigentes campesinos. Los movimientos sociales denunciaron en varias ocasiones la relación entre el sicariato y varios latifundistas”, Cfr. Nota de prensa aparecida en Ciudad CCS el 26 de mayo de 2011, titulada “Están impunes asesinatos de campesinos” (Expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, Tomo II, Anexo 88, folios 2343 a 2347). En el Informe sobre la Situación de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en Venezuela de 2007 de la Vicaría de Derechos Humanos de Caracas, en el apartado sobre “Situación de defensores del derecho a la tierra”, se señala que “[l]a violencia en el campo, no solo afecta a los dirigentes campesinos defensores del derecho a la tierra, sino también a simples campesinos o productores agrarios que hacen vida en el campo y se encuentran inmerso[s] en el proceso de reforma agraria”. Señala que además de los dieciséis defensores del derecho de la tierra afectados por la violación de sus derechos humanos, en el lapso que cubre el informe (de 1997 a 2007) fueron asesinados treinta y tres campesinos, uno desapareció y dieciséis resultaron heridos en diversas circunstancias (Expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, Tomo III, Anexo 90, folios 2351 a2515). 28 Cfr. Nota de prensa publicada por el Banco Agrícola de Venezuela C.A., Banco Universal, el 14 de marzo de 2011 titulada “Chávez: Llegó la Revolución al Sur del Lago para liberar la tierra” (Expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, Tomo II, Anexo 87, folio 2342). 29 El homicidio el 10 de enero de 2002 “del dirigente merideño Luis Mora, muerto [por disparos de armas de fuego] en la zona fronteriza de los estados Mérida y Zulia”; la muerte de Pedro José Doria Castillo, médico y dirigente agrario, quien fue asesinado “por un grupo de pistoleros con el rostro cubierto con pasamontañas”, y el homicidio de Armando García, dirigente campesino, que se produjo el 19 de septiembre del 2002, en la localidad de Encontrados, estado Zulia. De acuerdo con PROVEA, en ese mismo atentado murió el señor Carlos Parra, “pues estaba en la línea de fuego de los sicarios que mataron al dirigente Armando García”. Cfr. PROVEA, Asesinatos en el sur del Lago, 27 de septiembre de 2002 (Expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, Tomo II, Anexo 82, folios 2172 a 2174) y PROVEA, Violencia en el Sur de Maracaibo: Sicariato Contra Activistas en Zulia (Expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, Tomo II, Anexo 81, folios 2168 a 2171). Según los representantes esta situación de atentados en contra personas dedicadas a la defensa y reivindicación de la tierra, se percibió primeramente en el estado Zulia, en donde se empezó a aplicar de la Ley de Tierra y Desarrollo Agrario. Cfr. Vicaría de Derechos Humanos de Caracas, Informe sobre la Situación de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en Venezuela, supra. El homicidio de Pedro Doria y su hijo, producto del conflicto de tierras, fue referenciada también por el perito Antonio Uribarrí, Cfr. Declaración de Antonio Urribarrí, supra. Por otro lado, PROVEA señaló que los hechos de violencia en ese período tenían un importante precedente en el homicidio de