11 policial, sino “como la gran confrontación entre el Gobierno y Sendero Luminoso ... porque los comunicados públicos y las declaraciones del Presidente de la República son netas en definir así las cosas, Sendero Luminoso versus el Gobierno”. Esto motivó que la debelación se hiciera lo más rápidamente posible por medio del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Las dos terceras partes del Pabellón Azul que estaban en pie fueron demolidas por cargas de dinamita colocadas en las columnas exteriores, lo que produjo un número de muertos absolutamente innecesario entre reclusos que no estaban haciendo resistencia activa. No hubo interés en buscar heridos ni personas en los túneles, ni se permitió la entrada al penal sino hasta un año después. Neira Alegría y los hermanos Zenteno no estaban entre los prisioneros que se rindieron, pero figuraban en la lista que el Instituto Nacional Penitenciario proporcionó a la comisión. Los sobrevivientes de los motines se negaron a declarar ante la comisión. El Congreso aprobó el informe de mayoría de la comisión investigadora. La explosión final que demolió el penal se produjo cuando no estaba ocurriendo un ataque intenso, sino cuando éste ya había concluido, y no ocurrió por simpatía de dinamita, sino por voladura de las columnas que sostenían el edificio. Además de los 28 internos que se rindieron el mismo día de los acontecimientos, un día después aparecieron uno o dos más, y tres días después aparecieron otros tantos. La comisión investigadora solicitó información sobre la investigación que hacía el Consejo Supremo de Justicia Militar, pero la Sala Naval no proporcionó ninguna, e incluso se negó a suministrar los nombres de los oficiales que tuvieron a su cargo la operación. La comisión no contó con evidencia de que los internos del penal tuvieran dinamita, y trató de informarse sobre el motivo de que se no se usaran medios diversos, como gases lacrimógenos o enervantes y se le dijo que no hubo tiempo de aplicarlos por la urgencia de acabar con el motín esa misma noche. No había ninguna posibilidad de fuga por parte de los amotinados. i) Testimonio de José Ráez González (médico cirujano) A solicitud de la Marina de Guerra se pidió al Instituto de Medicina Legal designar dos expertos para hacer estudios en restos cadavéricos en El Frontón, y en esa condición trabajó en la isla desde febrero hasta abril de 1987 y examinó más o menos 90 cadáveres. El objetivo del médico legista es determinar la causa de la muerte y ayudar a la identificación; los cadáveres habían pasado toda la etapa de putrefacción primaria, algunos estaban en momificación y otros habían perdido todas las partes blandas y sólo había fragmentos de los cuerpos; en muchos casos no se pudo determinar la causa de la muerte por tratarse sólo de restos óseos, en otros se determinó muerte causada por fracturas múltiples. En algunos casos se describieron los restos de ropa, la talla, el sexo, la edad y los restos dentales. No es función del médico ponerse en contacto con los familiares de las víctimas para tratar de identificar los cadáveres; la identificación corresponde al Departamento de Investigaciones. De algunos cadáveres pudo tomar huellas digitales. La mayoría de las muertes fue por aplastamiento. Una vez concluidos los peritajes, el declarante entregó los protocolos, resúmenes y comentarios al Juez Naval y firmó los certificados de defunción. Son muchos los factores que impiden tomar huellas dactilares a un cadáver. No recuerda haber visto quemaduras en los cadáveres.