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1. los meses comprendidos entre la fecha de destitución y la
reubicación en condiciones similares al sector público o el
fallecimiento;
2. el salario mensual mayor (más favorable para el trabajador) entre
el promedio mensual de los últimos seis meses y el último salario
mensual, tal como lo determina el Código de Trabajo;
3. la certificación de sueldos emitida por la Caja de Seguro Social para
determinar el salario mensual;
4. para el cálculo de los intereses se estimó un 10% anual y para
recargos un 10% de las prestaciones, tal como lo determina el
Código de Trabajo; y
5. se calcularon los intereses de las personas reubicadas en
condiciones similares hasta el 31 de diciembre de 2001 y de los no
reubicados hasta el 31 de diciembre de 2006.
iii)
sobre los criterios legales utilizados y las diferencias expresadas por los
representantes, el Estado, entre otras consideraciones, aludió a una
modificación del Código de Trabajo efectuada en 1995 por medio de la Ley
44, la que establece que en los litigios previos a su entrada en vigencia se
reconocerían hasta 5 meses de salarios caídos mientras que para los litigios
posteriores sólo 3 meses de salarios caídos. Añadió que la legislación a la que
se refieren los representantes respecto de los salarios caídos está derogada y
que el Estado no podía aplicar otra legislación que no fuera la vigente. No
obstante, el Estado informó que en el presente caso se reconocieron de 180 a
190 meses por concepto de salarios caídos, así como intereses y recargos por
el 10% respectivamente, intereses que, consideró, no existen hoy en día en
ninguna legislación del mundo. Añadió que no reconoció las llamadas
pretensiones adicionales de un grupo de trabajadores que aumentan el monto
de las prestaciones económicas a niveles inalcanzables y que no se apegan a
las normas laborales vigentes”. El Estado manifestó que “los montos y las
cantidades a los que asciende este último cálculo cumplen a cabalidad con la
totalidad de las obligaciones establecidas en la sentencia de 2 de febrero de
2001”.
10.
Que los representantes del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional
observaron que:
i) el Estado presentó información muy limitada y general respecto de la
información solicitada por la Corte. Si bien el informe estatal presentado en la
audiencia señaló de manera resumida algunos de los criterios utilizados para
arribar a la cifra de aproximadamente 21 millones de balboas y detalló las
sumas debidas a cada víctima según sus cálculos, no aportó ninguna
documentación de respaldo de dichas cifras. Asimismo, agregaron que “de la
revisión del primer pago y los subsecuentes cálculos, incluida la propuesta
planteada en la audiencia, es evidente que el Estado […] no ha presentado
hasta ahora criterios claros, consistentes ni coincidentes para arribar a una
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