6 1. los meses comprendidos entre la fecha de destitución y la reubicación en condiciones similares al sector público o el fallecimiento; 2. el salario mensual mayor (más favorable para el trabajador) entre el promedio mensual de los últimos seis meses y el último salario mensual, tal como lo determina el Código de Trabajo; 3. la certificación de sueldos emitida por la Caja de Seguro Social para determinar el salario mensual; 4. para el cálculo de los intereses se estimó un 10% anual y para recargos un 10% de las prestaciones, tal como lo determina el Código de Trabajo; y 5. se calcularon los intereses de las personas reubicadas en condiciones similares hasta el 31 de diciembre de 2001 y de los no reubicados hasta el 31 de diciembre de 2006. iii) sobre los criterios legales utilizados y las diferencias expresadas por los representantes, el Estado, entre otras consideraciones, aludió a una modificación del Código de Trabajo efectuada en 1995 por medio de la Ley 44, la que establece que en los litigios previos a su entrada en vigencia se reconocerían hasta 5 meses de salarios caídos mientras que para los litigios posteriores sólo 3 meses de salarios caídos. Añadió que la legislación a la que se refieren los representantes respecto de los salarios caídos está derogada y que el Estado no podía aplicar otra legislación que no fuera la vigente. No obstante, el Estado informó que en el presente caso se reconocieron de 180 a 190 meses por concepto de salarios caídos, así como intereses y recargos por el 10% respectivamente, intereses que, consideró, no existen hoy en día en ninguna legislación del mundo. Añadió que no reconoció las llamadas pretensiones adicionales de un grupo de trabajadores que aumentan el monto de las prestaciones económicas a niveles inalcanzables y que no se apegan a las normas laborales vigentes”. El Estado manifestó que “los montos y las cantidades a los que asciende este último cálculo cumplen a cabalidad con la totalidad de las obligaciones establecidas en la sentencia de 2 de febrero de 2001”. 10. Que los representantes del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional observaron que: i) el Estado presentó información muy limitada y general respecto de la información solicitada por la Corte. Si bien el informe estatal presentado en la audiencia señaló de manera resumida algunos de los criterios utilizados para arribar a la cifra de aproximadamente 21 millones de balboas y detalló las sumas debidas a cada víctima según sus cálculos, no aportó ninguna documentación de respaldo de dichas cifras. Asimismo, agregaron que “de la revisión del primer pago y los subsecuentes cálculos, incluida la propuesta planteada en la audiencia, es evidente que el Estado […] no ha presentado hasta ahora criterios claros, consistentes ni coincidentes para arribar a una

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