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I

INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA
1.
El 28 de agosto de 2007, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51
y 61 de la Convención Americana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) sometió a la Corte una
demanda en contra de la República de Panamá (en adelante “el Estado” o
“Panamá”), la cual se originó en la petición presentada el 4 de julio de 2000 por el
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (en adelante “los representantes” o
“CEJIL”), representantes de Santander Tristán Donoso, la presunta víctima en el
presente caso (en adelante “señor Tristán Donoso” o “la presunta víctima”). El 24 de
octubre de 2002 la Comisión declaró admisible el caso mediante el Informe No.
71/02 y el 26 de octubre de 2006 aprobó el Informe de Fondo No. 114/06, en los
términos del artículo 50 de la Convención, que contenía determinadas
recomendaciones para el Estado. Este informe fue notificado al Estado el 28 de
noviembre de 2006 y se le concedió un plazo de dos meses para comunicar las
acciones emprendidas con el propósito de implementar las recomendaciones de la
Comisión. Una vez “[v]encidas las prórrogas otorgadas […], y dada la falta de
respuesta del Estado […] respecto del cumplimiento [de] las recomendaciones del
Informe de Fondo”, la Comisión decidió someter el caso a la jurisdicción de la Corte.
La Comisión designó como delegados a los señores Paulo Sérgio Pinheiro,
Comisionado, Santiago A. Canton, Secretario Ejecutivo, e Ignacio Álvarez, entonces
Relator Especial para la Libertad de Expresión, y como asesores legales a los
abogados Elizabeth Abi-Mershed, Lilly Ching, Christina Cerna y Carlos Zelada.
2.
Según indicó la Comisión, la demanda se refiere a “la [alegada interceptación,
grabación y] divulgación de una conversación telefónica del abogado Santander
Tristán Donoso […]; la posterior apertura de un proceso penal por delitos contra el
honor como [supuesta] represalia a las denuncias del señor Tristán Donoso sobre [la
referida grabación y divulgación]; la falta de investigación y sanción de los
responsables de tales hechos, y la falta de reparación adecuada”.
3.
En la demanda la Comisión solicitó a la Corte que declare que el Estado es
responsable por la violación de los artículos 8 (Garantías Judiciales), 11 (Protección
de la Honra y de la Dignidad), 13 (Libertad de Pensamiento y de Expresión) y 25
(Protección Judicial) de la Convención Americana, en relación con la obligación
general de respeto y garantía de los derechos humanos y el deber de adoptar
disposiciones de derecho interno, previstos, respectivamente, en los artículos 1.1 y 2
de dicho tratado, en perjuicio del señor Tristán Donoso. La Comisión solicitó a la
Corte que ordene al Estado la adopción de determinadas medidas de reparación.
4.
El 8 de diciembre de 2007 CEJIL presentó su escrito de solicitudes,
argumentos y pruebas (en adelante “escrito de solicitudes y argumentos”), en los
términos del artículo 23 del Reglamento. En dicho escrito solicitó a la Corte que en
virtud de los hechos relatados por la Comisión en su demanda declare la violación de
los derechos a la vida privada, a la libertad de expresión, a las garantías judiciales y
la protección judicial, previstos en los artículos 11, 13 y 8 y 25 de la Convención
Americana, los dos primeros en relación con los artículos 1.1 y 2 de dicho tratado,
como así también la violación al principio de legalidad previsto en el artículo 9 de la
Convención, en relación con su artículo 1.1. Finalmente, solicitó al Tribunal que

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