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las actividades, correspondiente al “reconocimiento de las áreas donde las
búsquedas serán hechas”. Luego, la tercera fase consistirá en las excavaciones
e investigaciones en los lugares en los cuales estarían sepultados los restos
mortales de los desaparecidos, y la cuarta etapa correspondería al trabajo de
laboratorio.
3.
Los argumentos de los representantes para fundamentar su solicitud de
medidas provisionales, entre los cuales señalaron que:
a)
una investigación judicial, independiente, imparcial y efectiva, con la
participación de los familiares de la presuntas víctimas de las violaciones
alegadas en la demanda, así como la ubicación, identificación y entrega de los
restos mortales de las presuntas víctimas a sus familiares, constituyen el eje
central del presente caso y un contenido potencial de las reparaciones que
eventualmente ordene la Corte. De ese modo, cualquier actuación o evento
que dificulte o imposibilite su futura realización presupone una amenaza al
cumplimiento efectivo de la sentencia;
b)
los actos de investigación del Ejército brasileño que pueden resultar en
prueba conducente a la responsabilidad penal de miembros de esa misma
institución son manifiestamente incompatibles con el requisito de
“investigación ex officio, sin demora, seria, imparcial y efectiva”. En
consecuencia, la aplicación de la Resolución 567/MD constituye además de un
peligro inminente para el cabal y efectivo cumplimiento de la eventual
sentencia de fondo, un posible quebranto de las garantías procesales que
deben informar toda investigación penal, y un serio riesgo a la efectiva
instrucción del proceso penal contra los presuntos responsables de las
violaciones perpetradas, al poner en peligro la integridad y conservación de
elementos probatorios de suma importancia y, por ende, la tutela de los
derechos de las víctimas y de sus familiares, y
c)
en definitiva, la solicitud de medidas provisionales se fundamenta en: i)
el temor de que el Ejército, al controlar la labor del Grupo de Trabajo a cargo
de ubicar e identificar los restos mortales, oculte o destruya pruebas
esenciales para la investigación y sanción penal de los presuntos responsables
de las violaciones alegadas en el caso contencioso ante la Corte; ii) la
imposibilidad de que sean devueltos a los familiares los restos mortales de sus
seres queridos; iii) el temor a que se violen las garantías procesales y de
acceso a la justicia que deben estar presentes en cualquier investigación de
carácter penal, y iv) la imposibilidad de cumplimiento integral y efectivo de las
reparaciones que la Corte pueda ordenar al dictar sentencia en el caso
contencioso bajo su examen.
4.
La solicitud de los representantes para que la Corte, con base en el artículo
63.2 de la Convención Americana, requiera al Estado que: