75 presentaron diferentes denuncias por los alegados actos de tortura cometidos en su contra. Ha sido señalado que si bien en sus declaraciones ante el Ministerio Público de 4 de mayo de 1999 no hicieron ninguna referencia a dichos actos285, el 6 de mayo de 1999 sí denunciaron ante el Ministerio Público de la Federación el haber sufrido golpes mientras se encontraban en las instalaciones del Ejército286. Igualmente, el 7 de mayo de 1999 describieron ante el Juez Penal del Distrito Judicial de Mina, distintas clases de vejámenes que habrían sufrido mientras estuvieron bajo custodia del Ejército287. Posteriormente, el 13 de julio de 1999 las víctimas rindieron una ampliación a sus declaraciones preparatorias288, reiterando que habían sufrido un trato degradante y las amenazas que habrían recibido por parte de los agentes estatales con el fin de que aceptaran firmar una confesión (supra párrs. 134 y 175). Dichas declaraciones fueron ampliadas, a su vez, el 23 de diciembre de 1999 ante el Juzgado Quinto de Distrito289. 191. No obstante dichas declaraciones, el 26 de agosto de 1999 la defensa tuvo que solicitar al Juez Quinto de Distrito que ordenara al Ministerio Público investigar las alegaciones de tortura, incomunicación y detención ilegal que habrían sufrido los señores Cabrera y Montiel en las instalaciones del Ejército290. Así, el 31 de agosto de 1999 el Juez Quinto de Distrito ordenó al Ministerio Público investigar los hechos denunciados291 y el 1 de octubre de 1999 el Ministerio Público Federal adscrito a Coyuca de Catalán, del estado de Guerrero, dio inicio a la correspondiente Averiguación Previa (supra párr. 74). 192. La Corte ha señalado que del artículo 8 de la Convención se desprende que las víctimas de violaciones de derechos humanos, o sus familiares, deben contar con amplias posibilidades de ser oídos y actuar en los respectivos procesos, tanto en procura del esclarecimiento de los hechos y del castigo de los responsables, como en busca de una debida reparación292. Igualmente, se ha señalado que el artículo 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura establece claramente que, “cuando exista denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en el ámbito de su jurisdicción, los Estados partes garantizarán que sus respectivas autoridades procederán de oficio y de inmediato a realizar una investigación sobre el caso y a iniciar, cuando corresponda, el respectivo proceso penal”293. Asimismo, el Tribunal ha señalado que la obligación de investigar y el correspondiente derecho de la presunta víctima o de los familiares no sólo se desprende de las normas convencionales de derecho internacional imperativas para los Estados Parte, sino que además se deriva de la legislación interna que hace referencia al deber de investigar de oficio ciertas conductas ilícitas y a las normas que 285 Declaración de los señores Cabrera y Montiel de 4 de mayo de 1999, supra nota 142, folios 8198 a 8199. 286 Declaración de los señores Cabrera y Montiel de 6 mayo de 1999, supra nota 132, folios 9781 y 9785. 287 Declaración preparatoria de los señores Cabrera y Montiel de 7 mayo de 1999, supra nota 144, folios 9836 a 9837 y 9841. 288 Cfr. Ampliación de declaración preparatoria de los señores Cabrera y Montiel de 13 de julio de 1999, supra nota 145, folios 10036 a 10041. 289 Cfr. Ampliación de declaración de los señores Cabrera y Montiel de 23 de diciembre de 1999, supra nota 67, folio 10360 a 10368. 290 Cfr. Careos constitucionales de 26 de agosto de 1999, supra nota 86, folios 10157 y 10158. 291 Cfr. Auto de 31 de agosto de 1999 ante el Juzgado Quinto de Distrito, supra nota 87, folios 10162 a 10163. 292 Caso Fernández Ortega y otros. vs. México, supra nota 39, párr. 192 y Caso Rosendo Cantú y otra vs. México, supra nota 30, párr. 176. 293 En similar sentido Caso Gutiérrez Soler vs. Colombia, supra nota 204, párr. 54.