53 Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. Así, bajo el principio de tipicidad, se obliga a los Estados a establecer, tan concretamente como sea posible y ―de antemano‖, las ―causas‖ y ―condiciones‖ de la privación de la libertad física171. 165. Por su parte, el artículo 7.3 de la Convención establece que ―[n]adie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios‖. La Corte ha establecido en otras oportunidades que nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento por causas y métodos que –aún calificados de legales- puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles, o faltos de proporcionalidad172. 166. En consecuencia, sin perjuicio de la legalidad de una detención, es necesario en cada caso hacer un análisis de la compatibilidad de la legislación con la Convención en el entendido que esa ley y su aplicación deben respetar los requisitos que a continuación se detallan, a efectos de que la medida privativa de libertad no sea arbitraria173: i) que la finalidad de las medidas que priven o restrinjan la libertad sea compatible con la Convención; ii) que las medidas adoptadas sean las idóneas para cumplir con el fin perseguido; iii) que sean necesarias, en el sentido de que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto al derecho intervenido entre todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto, razón por la cual el Tribunal ha señalado que el derecho a la libertad personal supone que toda limitación a éste deba ser excepcional174, y iv) que sean medidas que resulten estrictamente proporcionales 175, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. Cualquier restricción a la libertad que no contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas será arbitraria y, por tanto, violará el artículo 7.3 de la Convención176. 167. Es por ello que, en el presente caso, el análisis referido se relaciona con la compatibilidad de medidas privativas de libertad de carácter punitivo para el control de los flujos migratorios, en particular de aquellos de carácter irregular, con la Convención Americana y así determinar el alcance de las obligaciones del Estado, en el marco de la responsabilidad estatal que se genera por las violaciones de los derechos reconocidos en dicho instrumento. Para ello, la Corte procederá a evaluar si la medida privativa de libertad aplicada al señor Vélez Loor cumplió con los requisitos mencionados de estar prevista en ley, perseguir un fin legítimo y ser idónea, necesaria y proporcional. En principio, el 171 Cfr. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez, supra nota 99, párr. 57; Caso Usón Ramírez, supra nota 10, párr. 145, y Caso Yvon Neptune, supra nota 97, párr. 96. 172 Caso Gangaram Panday Vs. Surinam. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de enero de 1994. Serie C No. 16, párr. 47; Caso Usón Ramírez, supra nota 10, párr. 146, y Caso Yvon Neptune, supra nota 97, párr. 97. 173 Cfr. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez, supra nota 99, párr. 93, y Caso Yvon Neptune, supra nota 97, párr. 98. 174 Cfr. Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111, párr. 129; Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez, supra nota 99, párr. 93, y Caso Yvon Neptune, supra nota 97, párr. 98. 175 Cfr. Caso Ricardo Canese, supra nota 174, párr. 129; Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez, supra nota 99, párr. 93, y Caso Yvon Neptune, supra nota 97, párr. 98. 176 Cfr. Caso García Asto y Ramírez Rojas, supra nota 99, párr. 128; Caso Barreto Leiva, supra nota 96, párr. 116, y Caso Yvon Neptune, supra nota 97, párr. 98.