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b.
“que se encuentra actualmente en una etapa avanzada para la adjudicación de
las tierras colectivas”. Este proceso de adjudicación tiene como base un proyecto de
“Decreto Ejecutivo” que “declar[a] de interés social la adjudicación de Tierras
Colectivas” a los miembros Ngöbe “que se vean afectados directamente por los
traslados y reubicaciones conocid[o]s como los reasentamientos de Changuinola
Arriba, Charco la Pava, Guayabal, y Valle del Rey, producto de las actividades relativas
a las concesiones hidroeléctricas”;
c.
el 3 de enero de 2008 la Policía Nacional habría intervenido siguiendo los
protocolos legales, con “uso de la fuerza no letal”, ante la supuesta “intención [de los
manifestantes] de obstruir el paso y los trabajos de construcción”;
d.
si bien “la presencia policial […] representaba malestar [fue] por el deber del
Estado de velar por la seguridad, la vida y bienes de los nacionales y extranjeros, en
momentos en que existían conflictos entre la Empresa y las comunidades, [ya]
superados”;
e.
la deforestación “se realiza[ría] bajo la anuencia” de la ANAM, “luego de
realizarse estudios de impacto ambiental” y quienes la ejecutan son “en su mayoría
[…] personas de las propias comunidades” que se están entrenando y que contarían
con un “inspector de seguridad laboral y patrullas de rescate de fauna y flora”;
f.
“el cierre del canal del río Changuinola, se estima estará logrado para el año
2011 y se llevar[ía] a cabo el proceso del embalse en un período de un mes, proceso
que dependerá de las condiciones climáticas”. Asimismo, el Estado señaló que el
embalse se construir[ía] en un área que “representa menos del 1% del área total del
Bosque Protector”;
g.
la reubicación de las comunidades, se adelantaría “dentro de su mismo
ambiente, m[á]s o menos a 500 metros del lugar donde estaban asentados” y con “el
beneficio de titularidad de las tierras colectivas”, por lo que “continuar[ían] viviendo
dentro de las tierras que siempre han habitado y tendr[ían] acceso a salud, educación,
vías de acceso terrestre, trabajo, además de las indemnizaciones acordadas”.
Asimismo, el Estado hizo alusión a una conferencia de prensa celebrada en marzo de
2010, con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, en la cual los líderes de las
Comunidades Charco La Pava y Changuinola Arriba habrían manifestado que las
comunidades estaban satisfechas con los acuerdos suscritos con la empresa y el
Estado, así como con el reasentamiento y las indemnizaciones y que estaban a la
espera de la entrega de tierras colectivas. Respecto a las indemnizaciones, el
Presidente de la Comunidad Charco La Pava indicó que se “está pagando a las
comunidades afectadas” la suma de “doce millones de dólares”. Respecto al
reasentamiento, dicho Presidente indicó que “después del embalse” las tierras que
quedan “son las que [ellos] quier[en] utilizar” y que “sabe[n] que los pedazos que se
quedan después del embalse son los terrenos que [ellos] necesita[n] para las
comunidades”. Precisó que esto sería “donde esta la comunidad de Charco [en] un
lugar m[á]s arriba de ese mismo lugar”;
h.
que “c[ontaría] con el 99% de las familias de acuerdo con el proyecto
hidroeléctrico”, que solo “10 familias” estarían “pendientes de acuerdos finales” y que
“las comunidades a través de sus representantes debidamente acreditados [habrían]
d[ado] fe de que la empresa ha cumplido” con las indemnizaciones;
i.
“el Cuerpo de Bomberos de Panamá”, exigiría a la empresa “la utilización de
protocolos de seguridad internacionalmente reconocidos” al momento de realizar