crímenes de honor a través del Coroners and Justice Act 33, siguiendo la tradición de la common law ya adoptada por los Estados Unidos, en que atentados contra el honor –conocidos como libel, slander y defamation– no son criminalizados a nivel federal. 45. Este tipo de soluciones objetivas son preferibles, ya que modulan el chilling effect a su nivel mínimo, de modo que ya no podría debilitar la institución de la libertad de expresión. 46. Como lo reconoce la Corte IDH en los párrafos 129 y 130 de su sentencia, establecer la inaplicabilidad absoluta de medidas penales cuando el objetivo de éstas sea la ulterior responsabilidad por declaraciones que involucren a funcionarios públicos, con excepción de las situaciones en que se les impute falsamente un delito, es una alternativa que salvaguarda satisfactoriamente el derecho a la libertad de expresión, pues reduciría el chilling effect desde el primer momento en que podría comenzar a afectar el goce de este derecho y así debilitar y empobrecer el debate público. 47. Esto, sin embargo, sólo es posible cuando el análisis de la (in)aplicabilidad de la vía penal se basa en criterios claros y objetivos que reduzcan el margen de interpretación del juez y que puedan ser fácilmente analizados para eliminar el temor a un castigo penal que pueda acallar voces y opiniones de forma preventiva. 48. En este sentido, cabe recordar que la jurisprudencia internacional -reiterada en el presente caso- ha consolidado el estándar según el cual el ejercicio de la libertad de expresión cuenta con un nivel extra de protección cuando se relaciona con discusiones sobre asuntos de interés general o político 34. Más concretamente, es posible observar una tendencia en la jurisprudencia internacional relativa al conflicto entre la libertad de expresión y la protección del honor de los funcionarios públicos, dando preferencia a la libertad de expresión. 49. Nótese que dicha prevalencia, aun cuando sirva para descartar definitivamente la aplicabilidad de medidas penales, no implica que el honor de los funcionarios públicos quede sin protección jurídica alguna. Sólo significa que su salvaguarda y las posibles limitaciones a la libertad de expresión, en situaciones que impliquen la imputación de ofensas o hechos ofensivos, deben restringirse a ámbitos distintos del penal. En este sentido, la determinación de rectificar la información y la garantía del derecho de réplica surgen como alternativas doblemente beneficiosas, contempladas en el art. 14 de la Convención 35; porque, además de no causar el silenciamiento de opiniones, fomentan el debate, potenciando el pluralismo de ideas, opiniones e informaciones. 50. En el presente caso 36, la Corte IDH refuerza el estándar previo, en el sentido de que las figuras públicas están expuestas a un escrutinio público más exigente de sus conductas 37. Conviene insistir una vez más en que ello no significa en modo público, referida tanto a funcionarios públicos como a personas que, por su profesión u oficio, tengan una exposición social de relevancia, o a toda persona que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público (...)”. 33 En los términos del artículo 73 del referido Coroners and Justice Act: “Los siguientes delitos bajo las leyes de Inglaterra y Gales e y las leyes de Irlanda del Norte quedan abolidos: (a) delito de publicación sediciosa; (b) delito de publicación difamatoria; (c) publicación obscena.” (Traducción nuestra) 34 Sentencia, §108. 35 Sentencia, §107. A este respecto, ver también Caso Moya Chacón y otro Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de mayo de 2022. Serie C No. 451. Voto del Juez Ricardo C. Pérez Manrique. §19-22. 36 Sentencia, §111. 37 Corte IDH. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C. No. 107, §129; Caso Tristán Donoso Vs. Panamá. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de janeiro de 2009. Serie C. No. 193; Caso Moya Chacón y otro