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investigación tuvo inicio a partir del año 2012 con ocasión al informe de fondo de la Comisión
Interamericana y a la fecha no existen avances significativos.
El Estado ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 12 de julio de 1978 y
aceptó la competencia contenciosa de la Corte el 21 de enero de 1981.
La Comisión ha designado al Comisionado José de Jesús Orozco Henríquez y al Secretario
Ejecutivo Emilio Álvarez Icaza L. como sus delegados. Asimismo, Elizabeth Abi-Mershed, Secretaria
Ejecutiva Adjunta, y Silvia Serrano Guzmán y Nerea Aparicio, abogadas de la Secretaría Ejecutiva de la
CIDH, actuarán como asesoras legales.
De conformidad con el artículo 35 del Reglamento de la Corte Interamericana, la Comisión
adjunta copia del informe 57/12 elaborado en observancia del artículo 50 de la Convención, así como
copia de la totalidad del expediente ante la Comisión Interamericana (Apéndice I) y los anexos
utilizados en la elaboración del informe 57/12 (Anexos). Dicho informe de fondo fue notificado al
Estado de Perú mediante comunicación de 19 de abril de 2012, otorgándole un plazo de dos meses
para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones.
El Estado de Perú efectuó siete solicitudes de prórroga, seis de las cuales fueron otorgadas
por la Comisión. La última solicitud de prórroga fue efectuada el 6 de enero de 2014 y la Comisión
decidió no otorgarla y someter el caso a la jurisdicción de la Honorable Corte. En sus solicitudes de
prórroga el Estado peruano indicó que dio inicio a una investigación – en atención a la segunda
recomendación del informe de fondo de la Comisión – y que de los resultados de dicha investigación,
depende el avance en el cumplimiento de las tres recomendaciones restantes. Al momento de otorgar
la quinta y sexta prórrogas, la Comisión indicó al Estado de Perú que las recomendaciones tienen
carácter independiente y que las mismas derivan de los hallazgos de la Comisión en el informe de
fondo y no deben estar condicionadas a una investigación a nivel interno. A pesar de ello, el Estado
continuó limitándose a informar sobre la investigación y a indicar que las demás recomendaciones
dependen de los resultados de la misma. Respecto de la investigación, tampoco se registran avances
sustantivos.
En consecuencia, la Comisión decidió someter el presente caso a la jurisdicción de la Corte
Interamericana por la necesidad de obtención de justicia para la víctima ante la falta de cumplimiento
de las recomendaciones por parte del Estado de Perú. La Comisión Interamericana somete a la
jurisdicción de la Corte la totalidad de los hechos y violaciones de derechos humanos descritos en el
informe de fondo 57/12.
En ese sentido, la Comisión solicita a la Corte que concluya y declare que el Estado de Perú es
responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, a la libertad personal, a las
garantías judiciales, a la legalidad y no retroactividad, y a la protección judicial, consagrados en los
artículos 5, 7, 8, 9, y 25 de la Convención Americana, en relación con las obligaciones establecidas en
los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio del señor Luís Antonio Galindo Cárdenas.
Asimismo, la Comisión solicita a la Corte que establezca la violación del derecho a la integridad
psíquica y moral en perjuicio de su esposa e hijo1.
En consecuencia, la Comisión solicita a la Corte Interamericana que ordene al Estado de Perú:
1

La Comisión pone en conocimiento de la Corte que con posterioridad a la transmisión del informe de fondo, los
peticionarios mediante nota de 21 de mayo de 2012, consideraron como victima a Beatriz Galindo, hija menor del señor Galindo
Cárdenas, quien habría sido “afectada directamente por los actos violatorios, cuyas consecuencias hasta la fecha afectan [el]
núcleo familiar [del señor Galindo]”.

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